En un movimiento político y económico de alto impacto, el presidente Gustavo Petro se prepara para declarar el estado de Emergencia Económica en Colombia. La decisión, confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desde el Banco de la República, otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para legislar mediante decretos con fuerza de ley y establecer nuevos gravámenes sin necesidad de aprobación parlamentaria.
El plan para recuperar el recaudo
La medida surge como respuesta directa al hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Legislativo. Tras la negativa del Congreso a recaudar los 16,3 billones de pesos necesarios para equilibrar el Presupuesto General de la Nación 2026, el Gobierno ha optado por una vía administrativa que revive puntos clave de la reforma rechazada.
Borradores que ya circulan en el sector público revelan que la emergencia permitiría aplicar:
- Impuesto al patrimonio: se reduciría drásticamente el umbral para el cobro. Ciudadanos con patrimonios superiores a $2.000 millones de pesos empezarían a pagar, eliminando el límite actual de $3.600 millones.
- Impuestos al consumo: sobretasas a cervezas, licores y cigarrillos.
- Economía digital: aplicación de IVA a los juegos de azar digitales.
- Sector extractivo: un impuesto de ejecución única a la extracción de hidrocarburos.
- Transacciones financieras: se contempla la creación de un impuesto similar al 4×1000, denominado 5×100.
El “vacío” presupuestal en año electoral
Para el Gobierno, el gasto público es innegociable de cara a 2026, un año marcado por el calendario electoral. Ante la desfinanciación del presupuesto ya aprobado, el ministro Ávila sostiene que el hecho “imprevisible” que justifica la emergencia es la actitud del Congreso: aprobar un monto de gasto pero negar la fuente de ingresos apenas dos meses después.
Sin embargo, el argumento técnico está bajo fuego. Analistas sugieren que el rechazo de una ley en una democracia es un hecho previsible y que existen herramientas ordinarias, como la emisión de deuda o el recorte de gastos, que el Ejecutivo se niega a utilizar.
El factor tiempo y la Corte Constitucional
La estrategia del Ejecutivo coincide con el inicio de la vacancia judicial de fin de año. Al declarar la emergencia ahora, el Gobierno garantiza que los impuestos de recolección inmediata comiencen a entrar a las arcas del Estado sin interferencia judicial inmediata.
No obstante, la Corte Constitucional posee la facultad de realizar un control automático de constitucionalidad una vez se reanuden las labores en 2026. Si el tribunal considera que no hubo un hecho extraordinario real o que se abusó de la figura para puentear al Congreso, podría tumbar los decretos, obligando al Estado a devolver lo recaudado o generando un caos jurídico de proporciones mayores.
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