El abogado Abelardo De la Espriella anunció la interposición de dos acciones judiciales contra decisiones recientes del Gobierno Nacional. Según el jurista, estas medidas buscan frenar lo que califica como “ilegalidades” y “tropelías” de la administración de Gustavo Petro.
Demanda contra la Emergencia Económica
De la Espriella radicó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en el país. El abogado sostiene que el decreto es ilegal porque, a su juicio, no existen los hechos extraordinarios que la ley exige para justificar esta figura excepcional.
- Argumento central: el jurista afirma que la situación financiera del país se debe a la “corrupción y el despilfarro” y no a eventos imprevistos.
- Solicitud a la Corte: pidió la suspensión inmediata del decreto y solicitó que la Corte Constitucional sesione de forma extraordinaria durante la época de Navidad para resolver el asunto.
Hoy interpuse dos acciones judiciales para frenar las ilegalidades y tropelías del régimen de Gustavo Petro:
👉 Demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica.
👉 Acción popular por la venta de $23 billones en TES sin subasta pública a un… pic.twitter.com/r7tRz5b2zj— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 23, 2025
Acción Popular por venta de títulos TES
La segunda acción judicial es una acción popular presentada ante el Consejo de Estado. Esta demanda se enfoca en la venta de $23 billones en títulos de deuda (TES), los cuales, según De la Espriella, fueron entregados a un solo inversionista extranjero sin realizar una subasta pública.
- Afectaciones señaladas: el demandante asegura que esta operación compromete el patrimonio público, la moralidad administrativa y la transparencia en el manejo estatal.
- Petición de suspensión: al igual que en el caso de la emergencia económica, se solicitó la suspensión inmediata de la transacción y la convocatoria de una sala extraordinaria para el fallo.
De la Espriella finalizó sus declaraciones manifestando su confianza en que las altas cortes actúen como contrapeso a las decisiones del Ejecutivo y protejan la Constitución.
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