En un giro estratégico frente a la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno Nacional ha reactivado el debate y la implementación técnica para el retorno de la aspersión aérea con glifosato, esta vez bajo un modelo de aspersión dirigida mediante drones (UAV). Esta transición responde a la necesidad de frenar el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, que según los últimos informes de la UNODC, han alcanzado cifras históricas superiores a las 230.000 hectáreas en el país.
Los argumentos de seguridad: el riesgo de la erradicación manual
Uno de los principales motores de este cambio es la seguridad de la Fuerza Pública y de los erradicadores civiles. Informes del Ministerio de Defensa señalan que la erradicación manual se ha vuelto una labor de alto riesgo debido a:
- Minas Antipersonal (MAP): los grupos armados protegen los cultivos con artefactos explosivos, dejando decenas de uniformados heridos o mutilados cada año.
- Francotiradores: la exposición directa en tierra convierte a los operarios en blancos fáciles para las estructuras criminales que controlan los territorios.
- Asonadas: el contacto directo con las comunidades suele derivar en conflictos sociales que impiden el avance de las metas estatales.
El factor técnico: ¿Por qué drones y no aviones?
La estrategia actual se distancia de la aspersión con aviones de gran escala para cumplir con el “Equilibrio entre Eficacia y Precaución”. El uso de drones ofrece ventajas técnicas que buscan mitigar los daños colaterales:
| Característica | Aspersión con aviones | Aspersión con drones |
| Altura de vuelo | 30 – 50 metros | 2 – 4 metros |
| Precisión | Alta deriva (viento desplaza el químico) | Micro-goteo dirigido a la planta |
| Impacto ambiental | Afectación a fuentes hídricas y cultivos lícitos | Localizado, reduciendo la dispersión del herbicida |
| Autonomía | Gran capacidad de carga | Cargas pequeñas (10-20 litros) para áreas específicas |
El blindaje legal: la Sentencia T-236 de la Corte Constitucional
Para que el glifosato regrese legalmente, el Estado debe cumplir con los condicionamientos de la Sentencia T-236 de 2017. La Corte Constitucional no prohibió el herbicida, pero exigió que cualquier retorno a la aspersión se base en:
- Evidencia científica: demostrar que la aspersión no genera riesgos irreparables para la salud humana y el medio ambiente.
- Consulta Previa: realizar procesos de concertación con las comunidades étnicas en los territorios afectados.
- Principio de Precaución: si existe duda sobre el daño, el Estado debe abstenerse o aplicar la tecnología más segura disponible (en este caso, la precisión de los drones).
Hacia un modelo de precisión
El Estado argumenta que la tecnología de drones permite cumplir con el mandato de la Corte, ya que la baja altura del vuelo y el tamaño controlado de la gota minimizan la deriva del químico fuera de los polígonos de cultivos ilícitos. Este modelo busca ser una herramienta complementaria a la sustitución voluntaria y al desarrollo rural, enfocándose en las zonas donde el control territorial de los grupos armados impide el ingreso de personal civil.
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