El Gobierno de Gustavo Petro declaró oficialmente este lunes 22 de diciembre la emergencia económica en Colombia, un estado de excepción que estará vigente inicialmente por 30 días y que puede extenderse hasta completar 90. Esta medida le permite al mandatario tomar decisiones rápidas sobre el presupuesto y los impuestos, sin pasar por el Congreso, con el objetivo de enfrentar lo que el Gobierno describe como una crisis fiscal que afecta directamente la vida de los colombianos.
Según el Decreto 1390, la emergencia se declara por varios factores que han tensionado las finanzas del país. Entre ellos, el más relevante para los ciudadanos es el déficit fiscal, que cerró 2024 en 6.7% del PIB y se proyecta en 7.1% para 2025. La falta de aprobación de dos proyectos de ley de financiamiento, uno por 12 billones de pesos para 2025 y otro por 16.3 billones para 2026, dejó un vacío importante que ahora el Gobierno busca cubrir mediante esta figura legal.
Otros factores incluyen la necesidad de cumplir sentencias judiciales en salud, como igualar el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) entre régimen subsidiado y contributivo, y destinar recursos adicionales a seguridad y protección de líderes sociales.
Por ejemplo, el Gobierno calcula que se necesitan 3.3 billones de pesos más para garantizar la atención en salud de millones de colombianos y 2.7 billones de pesos para fortalecer la infraestructura y tecnología de la Fuerza Pública. Además, la Unidad Nacional de Protección requiere 1 billón de pesos adicionales para proteger a personas en riesgo.
Emergencia económica: impacto en el bolsillo de los ciudadanos
Aunque el decreto no establece impuestos concretos por ahora, el Gobierno ha adelantado que podrían aplicarse gravámenes temporales sobre ciertos bienes y actividades. Entre las opciones mencionadas están aumentos en el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), impuestos a licores, juegos de azar en línea y al patrimonio de personas con grandes fortunas.
Esto implica que cualquier persona con cuentas bancarias podría ver incrementos en los cobros por transacciones, y que el costo de ciertos productos y servicios podría subir de manera temporal.
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Además, los ajustes presupuestales que se realicen para cubrir la emergencia pueden afectar indirectamente proyectos de infraestructura, obras públicas y programas sociales, lo que impacta en la calidad de servicios que recibe la ciudadanía.
Por ejemplo, la no aprobación de la Ley de financiamiento había puesto en riesgo la financiación de megaproyectos de transporte y de programas sociales esenciales.
¿Qué sigue ahora?
Durante los próximos 30 días, el Gobierno podrá emitir decretos con fuerza de ley que definan las medidas específicas, incluyendo posibles nuevos tributos o modificaciones a los existentes.
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Para los colombianos, esto significa que las decisiones que se tomen en este periodo pueden reflejarse rápidamente en el precio de bienes y servicios, en los cobros bancarios y en la disponibilidad de recursos para la salud, seguridad y otros servicios públicos. La expectativa del Gobierno es garantizar que, a pesar del déficit y la falta de financiamiento aprobado, los programas sociales continúen funcionando y se evite una parálisis económica que afecte el día a día de la población.
