En el escenario político colombiano, no todas las aspiraciones a cargos de elección popular tienen como fin último el triunfo en las urnas. Para diversos sectores, las elecciones de 2026 representan una oportunidad de rentabilidad económica mediante el sistema de reposición de gastos por votos, un mecanismo que permite transformar el apoyo ciudadano en ingresos millonarios, siempre que se mantenga una estructura de costos operativa mínima.
El engranaje financiero: de votos a millones
El modelo de financiación estatal en Colombia busca que los candidatos recuperen lo invertido en sus campañas. Sin embargo, cuando un candidato apuesta por una estrategia de bajo costo —como el uso exclusivo de redes sociales y movilización orgánica—, la cifra recibida por cada voto puede cubrir la totalidad de lo gastado, permitiendo que las organizaciones políticas recuperen cada peso invertido del erario público.
Para las elecciones de Congreso en 2026, se proyecta un valor de reposición que supere los $8.433 pesos por voto válido. Bajo esta lógica, una lista que alcance 20.000 sufragios podría reclamar una reposición de hasta $168 millones, siempre y cuando demuestre gastos por ese valor.
Valores confirmados para 2025 y ajustes legales
Es fundamental precisar que los montos vigentes actualmente corresponden a las consultas que los partidos realizaron durante el año 2025. Según la Resolución 00206 de 2025 del Consejo Nacional Electoral (CNE), los valores fijados tras un incremento del 5,20 % (basado en el IPC de 2024 certificado por el DANE) son:
- Nivel nacional, departamental o distrital: $2.555 pesos por cada voto válido.
- Nivel local o municipal: $1.454 pesos por cada voto válido.
Estos valores son el piso técnico para las consultas del próximo año, pero están sujetos a nuevos incrementos anuales que el CNE definirá en 2026 basándose en los costos reales de las campañas y la variación del IPC.
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Ejemplos prácticos de la “rentabilidad” electoral
Para entender cómo se convierte en un esquema financiero, consideremos los siguientes escenarios:
- Candidatura al Congreso (2026): un candidato independiente que realice una campaña digital austera con un gasto de $50 millones. Si obtiene 15.000 votos y supera el umbral, el Estado le repondría el valor total de su inversión (aprox. $126 millones de cupo, pero solo se pagan los $50 millones gastados), dejando al partido o movimiento con su estructura financiada totalmente por el Estado.
- Consultas de marzo (2026): una organización política que participe en una consulta nacional y logre 100.000 votos válidos tendría derecho a una reposición de $255.500.000 aproximadamente, siempre que soporte sus gastos ante el CNE.
Requisitos y umbrales: el filtro del CNE
Para acceder a estos recursos, el sistema impone filtros legales para evitar el desangre del erario por candidaturas sin respaldo mínimo:
- Corporaciones Públicas: las listas deben obtener al menos el 50 % del umbral determinado para la corporación respectiva.
- Alcaldías y Gobernaciones: el candidato debe alcanzar el 4 % o más del total de los votos válidos de la elección.
- Certificación obligatoria: Solo se repone el valor de los gastos efectivamente realizados y debidamente reportados en el aplicativo “Cuentas Claras”.
- Anticipos: los partidos pueden solicitar adelantos de estos fondos bajo reglamentación específica del CNE.
Esta dinámica explica por qué el panorama electoral se inunda de candidatos que, a pesar de no tener opciones reales de obtener una curul, buscan asegurar una base de votos que sanee sus finanzas políticas.
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