Al finalizar 2025, la Fiscalía General de la Nación registra una serie de investigaciones de alto impacto político, económico y judicial que permanecen sin decisiones de fondo. Se trata de expedientes de relevancia nacional que no cuentan con imputaciones ni archivos definitivos, generando la percepción de una justicia estancada.
La investigación de la revista CAMBIO indica que el problema no es la apertura de los procesos, sino la falta de cierres concretos, ya sea para avanzar judicialmente o para archivar con fundamentos claros.
Uno de los casos más sensibles involucra la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La fiscal Luz Adriana Camargo anunció seis indagaciones por presunta financiación con fuentes prohibidas, que incluyen a figuras como Francia Márquez, Armando Benedetti, Guillermo Jaramillo y Ricardo Roa. Hasta el momento no se han conocido imputaciones ni decisiones de archivo.
Los enfrentamientos públicos entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, revelados a través de audios, derivaron en investigaciones relacionadas con el llamado “primer anillo” de la Presidencia. A pesar del impacto mediático, no se han registrado decisiones penales concretas.
El caso del apartamento de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, también permanece sin avances sustanciales. La Fiscalía investiga el origen de los recursos y posibles conflictos de interés en el negocio inmobiliario, sin registros públicos de cierre.
Investigaciones en el sector público y financiero
En la UNGRD, el expediente no se ha cerrado porque uno de los actores clave, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, permanece prófugo.
Otro caso en pausa es el de presunto tráfico de influencias en la Dian, vinculado a Diego Marín, alias Papá Pitufo, relacionado con nombramientos estratégicos sin resultados judiciales visibles.
Procesos judiciales pendientes
La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema adelanta investigaciones contra Armando Benedetti por violencia intrafamiliar y violencia política. Aunque se han divulgado pruebas, no se han tomado decisiones de fondo.
Casos como Odebrecht, la red de contrabando con generales y el expediente “Las Marionetas 2.0” también permanecen abiertos, con implicados fuera del país y sin definiciones judiciales.
Denuncias de corrupción en la SAE, investigaciones por violencia intrafamiliar de Ricardo Leyva, y los archivos incautados al disidente alias Calarcá tampoco registran avances sustanciales ni imputaciones públicas.
Al cierre del año, la ausencia de decisiones claras en expedientes que involucran al poder político, económico y militar mantiene abiertas dudas sobre responsabilidades y refuerza la percepción de impunidad en casos de alto impacto nacional.
