El salario mínimo en Colombia para 2026 se fijó en $1.750.905, y con el auxilio de transporte, alcanza $2.000.000. El ajuste, anunciado por el presidente Gustavo Petro, representa un incremento del 23% e impacta a millones de trabajadores formales. Este aumento también tiene repercusiones en varios bienes y servicios que dependen del ingreso mínimo legal, mientras que otros rubros permanecen al margen de la medida.
Entre los principales bienes y servicios afectados por el aumento están las cuotas moderadoras del sistema de salud, los aportes a la seguridad social, los servicios notariales, algunos arriendos, y la vivienda de interés social (VIS).
En educación, las matrículas en colegios y universidades privadas podrían incrementarse, y en el sector doméstico, el pago por servicios generales también se verá afectado.
Por ejemplo, las cuotas moderadoras de salud, que se pagan por consultas externas y exámenes, subirán según la categoría del afiliado. Para quienes devengan menos de dos salarios mínimos, la tarifa pasará de $4.700 a $6.800. En la categoría B, que agrupa ingresos entre dos y cinco salarios mínimos, el valor se eleva de $19.200 a $26.900, y en la categoría C, los pagos subirán de $50.300 a $70.900.
En servicios domésticos, una jornada diaria de trabajo, que antes se pagaba en $47.450, pasará a $58.364, incrementando el costo mensual para los hogares empleadores. Otros servicios privados, como vigilancia, aseo o trabajos profesionales independientes, también podrían reflejar ajustes debido a la presión sobre los costos laborales.
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El transporte público urbano no escapa a estos cambios. Según Asocapitales, entre el 40% y 55% de los costos operativos de los sistemas de transporte masivo están vinculados a salarios y aportes a la seguridad social.
Con el nuevo salario mínimo, los costos de operación suben automáticamente, lo que podría traducirse en aumentos cercanos a $200 por pasaje en algunas ciudades, incluso sin ampliar flota o rutas.
En el sector vivienda, la Vivienda de Interés Social y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se ven directamente afectadas. Los precios máximos de las VIS de hasta 150 salarios mínimos pasarán de $213 millones a más de $260 millones, mientras que las viviendas de hasta 135 salarios mínimos subirán de $192 millones a cerca de $236 millones, según estimaciones de Banco Popular.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió que el aumento puede generar alzas de hasta 10% en el precio de la vivienda social y afectar directamente a los hogares de ingresos bajos y medios.
Listado de productos y servicios
Entre los principales bienes y servicios afectados por el aumento están:
- Cuotas moderadoras del sistema de salud
- Aportes a la seguridad social (trabajadores independientes y empleadores)
- Servicios notariales y trámites legales
- Algunos contratos de arriendo
- Vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP)
- Matrículas educativas en colegios y universidades privadas
- Servicios domésticos (empleadas, niñeras, cuidadores, mantenimiento)
- Transporte público urbano y sistemas masivos
- Servicios privados intensivos en mano de obra (vigilancia, aseo, consultorías)
Lo que no sube con el salario mínimo
No todos los rubros se ajustan automáticamente con el aumento. Arriendos, servicios públicos domiciliarios, peajes, multas de tránsito y ciertos alimentos básicos dependen de la inflación o de unidades de referencia como la UVT.
Esto significa que los hogares no verán incrementos automáticos en estos servicios, lo que ayuda a proteger el poder adquisitivo frente a la subida del salario mínimo.
Asimismo, desde 2023, las tarifas de copagos y cuotas moderadoras del régimen contributivo de salud se han desindexado, por lo que no todos los servicios médicos se incrementan automáticamente. Los precios de la canasta básica tampoco están sujetos al SMLMV, sino que responden a la evolución de la inflación.
Reacción de empresarios y gremios
La decisión del Gobierno nacional generó preocupación en algunos sectores. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó el aumento de “desproporcionado” y señaló que afecta especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió que la medida genera riesgos sobre la inflación, los precios de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas.
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Los empresarios también recuerdan que la Constitución y la legislación vigente promueven el diálogo tripartito para definir incrementos salariales, pero en este caso la decisión fue adoptada unilateralmente, según ellos, lo que genera incertidumbre sobre los efectos económicos a corto y mediano plazo.
Algunos rubros permanecen desindexados y no se ajustan automáticamente:
- Arriendos (solo se ajustan según IPC)
- Servicios públicos domiciliarios
- Peajes
- Multas de tránsito
- Alimentos básicos de la canasta familiar
- Tarifas de copagos y cuotas moderadoras de salud (desindexadas desde 2023)
El incremento salarial busca mejorar los ingresos de los trabajadores y dinamizar el consumo, pero su impacto se refleja en toda la economía. Hogares, empresas y sectores productivos deberán ajustar presupuestos y operaciones para adaptarse a los nuevos costos durante 2026.
