En un nuevo capítulo de la aguda crisis institucional que atraviesa el país, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra los senadores María Fernanda Cabal y Jota Pe Hernández, y la representante Lina Garrido. La acción judicial se fundamenta en presuntas conductas dirigidas a promover una intervención militar extranjera en suelo colombiano.
Idárraga argumentó que las publicaciones realizadas por los parlamentarios en la red social X (antes Twitter) tras la captura de Nicolás Maduro, no representan una simple opinión política, sino que constituyen el delito de Menoscabo de la Integridad Nacional, tipificado en el artículo 455 del Código Penal.
Los argumentos de la denuncia
Para el jefe de la cartera de Justicia, la investidura de congresista no otorga una “licencia” para legitimar injerencias externas ni para romper la inviolabilidad parlamentaria, la cual, según él, debe tener un nexo directo con la función legislativa.
En el documento radicado ante la Sala Especial de Instrucción, se destacan los siguientes puntos:
- Hostilidad contra la patria: los mensajes son calificados como exhortaciones que podrían interpretarse como un llamado a invasiones o al sometimiento del país a dominio extranjero.
- Debilitamiento de la soberanía: el ministro sostiene que proponer la instalación de bases extranjeras o invitar a operativos militares erosiona la autonomía de los ciudadanos.
- Amenaza institucional: la denuncia menciona que sugerir que al presidente Gustavo Petro “también le llegará su hora” tras lo ocurrido en Venezuela, configura un incentivo a la hostilidad externa contra las instituciones nacionales.
“La autodeterminación no se negocia. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega. Colombia no se entrega”, sentenció el ministro Idárraga a través de sus redes sociales.
Una ofensiva judicial coordinada
Esta acción del ministro de Justicia se suma a la anunciada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien también interpondrá denuncias penales contra Jota Pe Hernández, Lina Garrido y el representante Miguel Polo Polo. Sanguino coincide en que estas conductas afectan gravemente la integridad territorial de Colombia y deben ser sancionadas severamente por la alta corte.
Hasta el momento, los congresistas implicados han defendido sus posturas como parte de su derecho a la libre expresión y su oposición al actual gobierno, mientras que la Corte Suprema de Justicia deberá determinar si los mensajes cruzan la línea hacia la instigación a la guerra o la traición a la patria.
Lea también: Cancillería advierte respuesta militar ante agresión de EE. UU.
