En un giro drástico de su estrategia judicial, el presidente Gustavo Petro elevó una denuncia formal contra alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, ante la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión, confirmada por el abogado del mandatario, Alejandro Carranza, marca el fin de los intentos de diálogo con este grupo y traslada la persecución del criminal al ámbito de la justicia universal.
La instrucción presidencial se fundamenta en que ‘Iván Mordisco’ ha rechazado sistemáticamente los mecanismos de la “Paz Total”, optando por profundizar su accionar en el narcotráfico y la guerra a gran escala.
El agotamiento del derecho doméstico
Según la defensa del jefe de Estado, la justicia colombiana ya ha agotado todos los recursos ordinarios y transicionales para procesar al líder insurgente. Al ser ineficaces los sistemas de verdad, reparación y no repetición frente a la persistencia delictiva de las disidencias, el Gobierno activó el principio de complementariedad de la CPI.
“Cuando se agota todo el derecho doméstico, se puede acudir a la Corte Penal Internacional. ‘Iván Mordisco’ sigue desplazando, secuestrando y atacando poblaciones completas para lucrarse con el narcotráfico, afectando estructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario”, explicó el abogado Carranza.
Ofensiva jurídica en los Estados Unidos
La ofensiva legal no se detendrá en La Haya. Tras la reciente propuesta de ‘Iván Mordisco’ de crear una alianza criminal junto al ELN y la ‘Segunda Marquetalia’ para enfrentar a los Estados Unidos, el gobierno colombiano radicará una denuncia adicional ante el Departamento de Justicia de ese país.
La acción estará dirigida a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, con el objetivo de unir esfuerzos entre Bogotá y Washington. El Gobierno busca que la administración de Donald Trump se enfoque en perseguir a los personajes que generan “trampas de pobreza y terror” en las zonas donde se fabrica la droga que llega a territorio estadounidense, en lugar de mantener tensiones políticas con la Casa Rosada.
Con este movimiento, el Gobierno nacional pretende asestar un golpe definitivo a la legitimidad de las estructuras de ‘Iván Mordisco’, tratándolas estrictamente como organizaciones criminales de lesa humanidad que deben ser perseguidas por la comunidad internacional en su conjunto.
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