La puja por el incremento del salario mínimo para 2026 se traslada a las calles. El Comando Nacional Unitario, integrado por las principales centrales obreras y confederaciones de pensionados, convocó a una gran movilización nacional para el próximo miércoles 28 de enero, con el objetivo de defender la vigencia del decreto expedido por el Gobierno Nacional.
Las organizaciones gremiales citaron a la clase trabajadora y sectores populares a concentrarse a partir de las 10:00 de la mañana frente a los Palacios de Justicia y plazas principales en las capitales de los 32 departamentos.
Un frente unido contra la “ofensiva empresarial”
La convocatoria es respaldada por la CUT, CTC, CGT, CPC y CDP, quienes emitieron un comunicado conjunto rechazando los intentos de sectores económicos y partidos de oposición por “tumbar” el ajuste salarial. Según los sindicatos, existe una intención clara de los gremios empresariales de judicializar el decreto para frenar el incremento.
“Rechazamos de manera categórica la ofensiva del empresariado y gremios económicos que pretenden desconocer el derecho a un ingreso digno”, señalaron los voceros del Comando Nacional Unitario.
Sustento legal y constitucional
Frente a las críticas sobre la falta de consenso en la mesa de negociación, las centrales obreras defendieron la legalidad de la medida basándose en dos pilares:
- Facultad del Ejecutivo: recordaron que la ley establece que, ante la falta de acuerdo en la Comisión Nacional de Concertación, el Gobierno está plenamente facultado para fijar la cifra por decreto.
- Artículo 53 de la Constitución: argumentan que el ajuste desarrolla el principio del salario mínimo vital y móvil, alineado con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Expectativa en las regiones
En ciudades como Cali y Bogotá, se espera que las marchas tengan un impacto significativo en la movilidad, ya que los sindicatos han declarado esta jornada como un “acto de soberanía popular”. Los trabajadores insisten en que el ajuste no solo es una cuestión económica, sino de justicia social frente a la inflación acumulada del año anterior.
Por su parte, el sector empresarial aún no ha confirmado si radicará formalmente una demanda ante el Consejo de Estado, pero el clima de tensión sugiere que la batalla por el salario mínimo de 2026 se librará simultáneamente en los tribunales y en las vías públicas.
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