Mientras el Gobierno nacional avanza en la aplicación del Decreto 1474 de 2025, varios departamentos del país encendieron las alertas por sus posibles efectos en las finanzas regionales. Este lunes, en Bogotá, gobernadores se reunieron para analizar el impacto que tendría el aumento del impuesto a productos como licores, vinos, cigarrillos y tabaco sobre programas clave en los territorios.
Según señalan, la discusión se da en un momento complejo para las regiones, que ya enfrentan presiones presupuestales en sectores esenciales. Aseguran que, el incremento del 19% en estos gravámenes podría reducir de manera significativa los recursos que hoy se destinan a derechos básicos de la población.
Durante el encuentro, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que la medida tendría consecuencias profundas para los departamentos. Según explicó, el cambio en el esquema tributario implicaría una reducción cercana a los 2,5 billones de pesos en recursos que hoy reciben las regiones.
“En cuánto nos va a disminuir a nosotros, va a disminuir en dos billones y medio”, afirmó la mandataria, al señalar que se trata de recursos que, por mandato constitucional, deberían permanecer en los territorios. A esto se sumaría una caída adicional cercana a un billón y medio de pesos en las rentas departamentales a nivel nacional.
En el caso del Valle del Cauca, la afectación estimada supera los 240 mil millones de pesos, una cifra que, según la Gobernación, pondría en riesgo la financiación de varios programas sociales.
Salud y educación, entre los sectores más golpeados
La gobernadora insistió en que la reducción de estos ingresos tendría un impacto en áreas sensibles para la ciudadanía. Recordó que actualmente cerca del 49% del recaudo se destina a salud, el 15% a educación y un 3% al deporte.
Señaló que estos sectores ya atraviesan dificultades financieras que se podrían agravar con la entrada en vigencia del decreto. “No va a haber plata ni para las regiones, ni para la Nación”, advirtió Toro.
La mandataria también puso sobre la mesa la situación del sistema de salud en el departamento. “Las regiones somos las que estamos viviendo la problemática en salud”, señaló, asimismo, mencionó la crisis de la Nueva EPS.
Propuesta de diálogo con el Gobierno nacional
Lejos de plantear una confrontación, la gobernadora del Valle destacó que el llamado busca abrir un espacio de análisis técnico. “Aquí no vinimos a pelear; estamos reclamando derechos constitucionales”.
Como salida, propuso la creación de una mesa técnica entre el Gobierno nacional y los departamentos, con el fin de evaluar el alcance real del decreto y sus efectos en las finanzas regionales. La expectativa de los gobernadores es que se revisen los impactos antes de que la medida afecte directamente la prestación de servicios esenciales en los territorios.
