Las declaraciones del Consejo de Ministros de la noche del 19 de enero dejaron en evidencia las aparentes diferencias entre el Gobierno Nacional y varios gobernadores por el aumento de impuestos al alcohol y al tabaco. El debate se centró en la salud pública, los ingresos territoriales y el temor por el avance del contrabando, un tema que preocupa directamente a las regiones.
Durante la sesión, el ministro de Hacienda explicó que las medidas no buscan reducir los recursos de los departamentos. Según dijo, los cálculos parten de garantizar a los territorios los ingresos de 2025, ajustados con el IPC de 2026. “Se les garantiza ese nivel de ingresos a los departamentos”, afirmó Germán Ávila Plazas.
El ministro aseguró que los recursos adicionales que se recauden por encima de ese cálculo serían para la Nación. En ese sentido, señaló que la inquietud de los gobernadores fue aclarada durante las conversaciones previas. “Esto les garantiza sus ingresos a nivel territorial”, insistió.
Desde las regiones, el mensaje fue distinto, pues la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su inconformidad por la forma como se abordó el tema y defendió la autonomía regional. “Somos unitarias, descentralizadas con la autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas”.
La mandataria explicó que esas rentas son clave para financiar derechos básicos. Mencionó directamente salud, educación y deporte. También advirtió sobre consecuencias concretas para la gente. “No vamos a poder tener la posibilidad a nuestros ciudadanos de tener el transporte escolar”, señaló.
Toro alertó que el contrabando ya está golpeando las finanzas departamentales. Aseguró que la renta del cigarrillo ha disminuido cerca del 40 por ciento y que detrás de ese negocio ilegal hay estructuras criminales. “Están financiando todos los actos de inseguridad y terrorismo que nosotros vivimos”, afirmó.
También recordó que, cuando las rentas no alcanzan, los departamentos deben cubrir el régimen subsidiado con recursos propios. “Eso es algo fundamental, es un derecho fundamental de la gente”, agregó.
Salud pública y costos del consumo
Sin embargo, durante el Consejo realizado en la noche del 19 de enero tras la reunión ese mismo día con distintos gobernadores. El ministro de Salud defendió los impuestos al alcohol y al tabaco. Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que estas medidas tienen un impacto en la salud de la población. “Los impuestos saludables para la vida, salva vidas, reduce la pobreza y aumenta la recaudación tributaria”, manifestó.
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El funcionario expuso cifras sobre los costos del consumo de tabaco y las enfermedades asociadas. Mencionó muertes por cardiopatías, cáncer y enfermedades respiratorias, basándose en estudios de la Organización Mundial de la Salud.
También comparó el precio del cigarrillo en Colombia con otros países de la región. “Una cajetilla vale 8000 pesos, de 20 cigarrillos”, indicó, al señalar que el valor sigue siendo bajo frente a otros mercados.
Jaramillo rechazó que el aumento de impuestos sea la causa directa del contrabando. “Los impuestos no son un factor que determina el contrabando”.
El ministro cerró su intervención señalando que el consumo de alcohol también tiene efectos graves. Habló de accidentes, riñas y muertes, y defendió que los recursos adicionales se destinen a atender esos daños en salud.
