Con la mirada puesta en las elecciones de marzo y mayo, los partidos políticos y sus candidatos ya conocen las reglas de juego para la financiación estatal. La reposición de votos, mecanismo que reintegra parte de los gastos invertidos en campaña, ya tiene cifras oficiales para este año. Sin embargo, acceder a estos recursos no es automático; los aspirantes deben cumplir con requisitos contables estrictos y un respaldo mínimo en las urnas.
Para tener derecho al reembolso, cada candidato o lista debe alcanzar un umbral mínimo del 4 % de los votos válidos emitidos en su respectiva elección. Quienes no logren superar esta barrera, no recibirán dinero por parte del Estado para cubrir sus deudas de campaña
Los valores por cada voto en 2026
El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó los montos que se pagarán según el tipo de elección. Para este año, los valores fijados son:
- Consultas interpartidistas: $8.287 por cada voto válido.
- Elecciones de Congreso (Senado y Cámara): $8.433 por voto.
- Primera vuelta presidencial: $8.613 por voto.
Es importante recordar que el monto recibido por reposición tiene un límite infranqueable: nunca podrá superar el tope máximo de gastos establecido por el CNE. Por ejemplo, en las consultas presidenciales, el techo de gasto es de $8.555 millones. Si un candidato obtiene una votación masiva que supere ese valor en términos de dinero, solo se le reconocerá hasta el límite legal.
Reglas estrictas de transparencia
El sistema de reposición en Colombia opera bajo el principio de gastos efectivamente realizados. Esto significa que, si un candidato obtiene millones de votos pero su inversión en campaña fue baja, el Estado solo reembolsará el dinero que haya sido reportado y debidamente soportado en los libros contables. No se trata de un “premio” por votos, sino de una devolución de gastos operativos.
Para recibir el pago, los candidatos deben presentar sus cuentas ante el CNE. Este organismo verifica que los recursos se hayan utilizado según la ley y que cada peso gastado coincida con la actividad política reportada. Este control busca evitar la financiación irregular y garantizar que los recursos públicos se manejen con transparencia en medio de la polarización política que vive el país.
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