Bajo un amplio despliegue de seguridad, este martes 3 de febrero se concretó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’. El máximo cabecilla de la estructura criminal ‘La Inmaculada’ fue trasladado en la madrugada desde el centro de Bogotá hacia la base de Antinarcóticos. Este traslado, ocurre justo el mismo día en que el presidente Gustavo Petro se reúne con Donald Trump en Washington.
El Ministerio de Justicia, confirmó la noticia, destacando que con este caso se superan las 800 extradiciones en el actual mandato. Hace algunos días ya se había confirmado que la extradición podía ocurrir en cualquier momento, sin embargo, el presidente Petro también ordenó agilizar el proceso.
“Señor ministro de justicia. Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias “Pipe Tulúa”, señor Andrés Marín Silva. Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, señaló Petro en su cuenta de X.
Para evitar cualquier intento de fuga o rescate, la Policía utilizó más de 70 uniformados, drones y el helicóptero ‘Halcón’. Marín Silva permanecía bajo custodia en la estación de Los Mártires debido a su alta peligrosidad y capacidad de mando. A pesar de estar preso, las autoridades confirmaron que seguía dirigiendo ataques y extorsiones desde su lugar de reclusión.
Incluso, se le vincula con amenazas directas contra guardias del Inpec bajo el nombre de un grupo llamado ‘Mago’. La presión de su organización llegó al punto de ordenar atentados contra funcionarios públicos en Tuluá para intentar frenar su envío a Estados Unidos. La violencia desatada por su banda incluyó ataques con explosivos y el asesinato de concejales en el corazón del Valle.
Cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos
El expediente en su contra es contundente y proviene de una corte en Texas. A ‘Pipe Tuluá’ se le acusa de coordinar envíos masivos de cocaína hacia ciudades como Dallas y Denver. Según las investigaciones, mantenía nexos con carteles mexicanos de Sinaloa y otras organizaciones criminales colombianas.
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Agentes de la DEA lograron infiltrar la red y usar interceptaciones para demostrar que él autorizaba personalmente las rutas marítimas hacia Centroamérica. Aunque el cabecilla intentó ser reconocido como “gestor de paz” para evitar su salida del país, el Gobierno Nacional decidió finalmente firmar su entrega.
Mientras Marín Silva viaja para enfrentar tres cargos federales, en Washington se define el futuro de la cooperación judicial entre ambos países.
