En un giro radical de su política de “Paz Total”, el gobierno de Gustavo Petro ejecutó este 4 de febrero el primer bombardeo aéreo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El operativo ocurrió en los municipios de Tibú y El Tarra, en la región del Catatumbo. El balance preliminar arroja siete guerrilleros muertos, un capturado y la incautación de material de guerra. Este ataque marca un hito: es la primera vez que esta administración utiliza el poderío de la Fuerza Aérea contra esta guerrilla, rompiendo la tendencia de evitar bombardeos para proteger a menores de edad reclutados.
El operativo se dio apenas 24 horas después de que Petro se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca. Durante el encuentro, ambos mandatarios coincidieron en que el ELN es el principal factor de inestabilidad en la frontera colombo-venezolana. Por ello, la Casa de Nariño ha elevado la presión y declaró a “Pablito”, el comandante militar más radical del ELN, como un “objetivo de alto valor”. Expertos en conflicto sugieren que esta clasificación, sumada a los bombardeos, podría ser el “punto de no retorno” para cualquier salida negociada.
La Comisión de Diálogo en el Catatumbo
A pesar del uso de la fuerza, el Gobierno no ha cerrado la puerta diplomática por completo. El pasado lunes, una comisión especial se desplazó al Catatumbo para intentar un acercamiento. La delegación estuvo integrada por figuras clave como Víctor de Currea-Lugo, académico cercano al círculo íntimo de Petro. Su presencia es polémica debido a denuncias previas en su contra y a tensiones con el gobierno estadounidense, que le revocó la visa tras discursos críticos en Nueva York.
En esta misión también participaron representantes de los gobiernos de Suiza y Noruega, además de delegados de la Iglesia Católica. Petro ha propuesto una “misión de verificación científica e internacional”. El objetivo es ambicioso: que el ELN entregue la infraestructura del narcotráfico multinacional a cambio de retomar el sendero de la paz. Sin embargo, para la guerrilla, la entrega de sus finanzas equivale a un desmantelamiento total, una exigencia que históricamente han rechazado con vehemencia.
El Factor Venezuela y la Geopolítica de Trump
El contexto fronterizo es el que dicta el ritmo de esta nueva estrategia de seguridad. El ELN libra actualmente una guerra interna en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Esta disputa por las rutas de cocaína ha causado la peor crisis humanitaria en la zona en dos décadas. Asimismo, la situación en Venezuela ha cambiado tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez bajo la supervisión de fuerzas estadounidenses.
La retaguardia del ELN en el vecino país ya no cuenta con la protección de antaño. La cooperación entre Bogotá y Washington busca “limpiar” la frontera para estabilizar el nuevo orden en Caracas. De esta manera, el gobierno colombiano intenta demostrar a la administración Trump que su política de seguridad es efectiva y está alineada con los intereses regionales del norte.
¿Remilitarización o táctica de presión final?
Analistas de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advierten que estamos ante una remilitarización evidente de la seguridad. Para el ELN, el bombardeo es un mensaje de guerra abierta. Al golpear sus estructuras en el Catatumbo, el Estado busca forzarlos a negociar desde una posición de debilidad extrema. No obstante, el riesgo de una escalada terrorista en las ciudades como respuesta a estas acciones militares es un temor latente.
Por consiguiente, las próximas semanas serán definitivas para el futuro del país. Si el ELN rechaza la “misión científica” propuesta por Petro, el conflicto podría entrar en una ofensiva militar similar a las épocas más crudas de la historia reciente. La dualidad de Petro —bombardear el miércoles y proponer diálogo el lunes— refleja la complejidad de un mandatario que intenta equilibrar sus promesas de paz con las exigencias de mano dura de su nuevo aliado estratégico en Washington.
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