La Corte Constitucional profundizó este viernes el cerco jurídico sobre la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. Con una votación de 6 contra 2, la Sala Plena decidió suspender los efectos del Decreto Legislativo 044 de 2026. Esta norma imponía un impuesto a las empresas generadoras de energía. Los recursos buscaban rescatar financieramente a Air-e, compañía que surte electricidad a la Costa Caribe. La empresa se encuentra intervenida por el Gobierno desde hace un año y medio debido a su crisis financiera.
La decisión es una consecuencia directa de lo ocurrido el pasado 29 de enero. En esa fecha, el tribunal suspendió provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, conocido como el “decreto madre”. Esta norma fue la que dio origen al estado de excepción el pasado diciembre. La Corte argumentó que, al estar congelada la norma principal, todas las disposiciones derivadas también deben quedar en pausa. Esto incluye el nuevo tributo energético hasta que se produzca un fallo de fondo sobre su constitucionalidad.
Adiós al recaudo del 2,5 % y aportes de hidráulicas
La suspensión del decreto tumba un esquema de financiación que el Gobierno consideraba vital para el sector. Entre las medidas que quedan inmediatamente sin aplicación se encuentran:
- Tributo parafiscal: se establecía un cobro del 2,5 % sobre las utilidades de las generadoras. El primer pago debía realizarse este mes de febrero.
- Aportes de hidráulicas: las empresas debían entregar energía de forma obligatoria para garantizar el servicio en compañías intervenidas.
- Sostenibilidad de Air-e: la empresa deja de recibir los beneficios fiscales diseñados para asegurar el suministro en el norte del país.
La mayoría de la Sala Plena respaldó la medida de suspensión. Los magistrados Carlos Camargo, Lina Escobar, Paola Meneses, Miguel Polo, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés votaron a favor. Por el contrario, los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal salvaron su voto. Ellos defendieron la necesidad de las medidas para evitar un colapso en la prestación del servicio.
Incertidumbre en el sector eléctrico y la Costa Caribe
Este nuevo revés judicial abre un escenario de incertidumbre para el servicio público domiciliario. Sin el flujo de recursos del Decreto 044, la Superintendencia de Servicios Públicos enfrenta un reto enorme. Deberá mantener a flote a Air-e sin contar con una fuente de financiación extraordinaria. El Gobierno diseñó este esquema para evitar un apagón en la región Caribe. Sin embargo, la Corte ha dejado claro que el uso de facultades de emergencia debe ser revisado bajo la lupa más estricta.
Por otro lado, la Presidencia intentó defender su estrategia mediante la recusación de siete magistrados. Esta maniobra buscaba frenar las decisiones del alto tribunal sobre la emergencia. No obstante, la Corte continúa emitiendo pronunciamientos que limitan el margen de maniobra del Ejecutivo. Mientras se produce un fallo definitivo, el sistema eléctrico colombiano regresa a sus reglas ordinarias. Esto deja en el aire la ambiciosa reforma tributaria energética que el presidente Petro buscaba implementar mediante decretos legislativos.
Lea también: Petro cierra su gira en Estados Unidos con fuertes pullas al CNE
