Esta semana de febrero de 2026 marca un aniversario importante para la historia política de Colombia. Se cumplieron 35 años desde que, un 5 de febrero de 1991, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, el organismo que cambió las reglas del juego en el país.
Este proceso, que permitió dejar atrás la vieja Constitución de 1886, nació en un momento de crisis, marcado por la violencia del narcotráfico y la urgencia de abrir espacios democráticos. Hoy, tres décadas después, el debate sobre una nueva reforma a la Carta Magna vuelve a estar en el centro de la agenda pública bajo el gobierno actual.
Para entender la importancia de esta fecha, hay que mirar atrás. Según registros de Indepaz y el Banco de la República , la Constitución de 1991 no fue un capricho político. En esos años, el país estaba contra las cuerdas por el narcoterrorismo y el asesinato de cuatro candidatos presidenciales.
Fue entonces cuando surgió el movimiento de la “Séptima Papeleta”, una iniciativa de estudiantes y académicos que, en las elecciones de marzo de 1990, propuso incluir un voto adicional para pedir una reforma constitucional. Según información del Consultorio Jurídico de Unibagué, en las elecciones de marzo de 1990 más de cinco millones de ciudadanos votaron a favor de esta idea.
Bajo el mandato del entonces presidente, César Gaviria, se formalizó este llamado. El 9 de diciembre de 1990, los colombianos eligieron a 70 representantes para conformar la Asamblea. De acuerdo con datos del Banco de la República, este grupo era sumamente variado. Participaron abogados, periodistas, indígenas, líderes sindicales y hasta exguerrilleros desmovilizados de grupos como el M-19.
La presidencia fue compartida por tres figuras de distintas corrientes: Horacio Serpa (Partido Liberal), Álvaro Gómez Hurtado (Movimiento de Salvación Nacional) y Antonio Navarro Wolff (AD M-19).
Los alcances y las deudas de 1991
Durante 150 días de intensos debates, los constituyentes redactaron 380 artículos que definieron a Colombia como un Estado Social de Derecho. Según la Comisión de la Verdad, este proceso buscó ampliar la participación política y reconocer los derechos fundamentales, económicos y colectivos.
Sin embargo, el mismo organismo señala que no todo fue perfecto. Grupos armados como las FARC y el ELN quedaron fuera del proceso en ese entonces. Además, se menciona que el estamento militar fue uno de los que menos transformaciones tuvieron, lo que para la Comisión, derivó en el desarrollo posterior del conflicto armado.
A pesar de los retos, la Carta de 1991 introdujo herramientas como la Acción de Tutela y creó instituciones como la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación.
Constituyente del gobierno de Petro: la nueva iniciativa
Treinta y cinco años después de aquel hecho, la posibilidad de una nueva Constituyente vuelve a sonar con fuerza. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha mostrado su respaldo a una iniciativa popular para convocar una nueva Asamblea.
A finales de diciembre de 2025, se inscribió ante la Registraduría un comité promotor integrado por nueve ciudadanos. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha manifestado que el Ejecutivo apoya esta vía ante lo que considera un “bloqueo institucional” en el Congreso para aprobar reformas sociales.
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La propuesta actual busca cambios estructurales profundos. Entre los puntos que menciona el comité promotor están la modificación del modelo económico y ajustes al funcionamiento del Banco de la República. También se ha planteado la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo.
Esto ha generado cuestionamientos y desacuerdos desde diferentes sectores, por su parte, el presidente Petro ha rechazado señalamientos de sectores opositores sobre supuestas intenciones de perpetuarse en el poder. “No voy a ser dictador”, afirmó el mandatario, asegurando que el proceso no se completará durante su mandato actual.
Recientemente, el 30 de enero de 2026, la Registraduría Nacional dio luz verde para iniciar la recolección de firmas, proceso que durará seis meses. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), si esta iniciativa avanza, deberá pasar por el Congreso y luego por una consulta popular donde la ciudadanía decida si quiere o no el cambio.
