Las aguas del río Sinú comienzan a descender lentamente, dejando al descubierto una de las crisis humanitarias más profundas de la última década en Córdoba. Mientras el presidente Gustavo Petro cuestiona la existencia misma de la hidroeléctrica Urrá, una pregunta técnica y política flota sobre el lodo que cubre a Cereté, Lorica y San Pelayo: ¿Por qué la Alerta Roja Operativa de la represa no se tradujo en una evacuación efectiva de las comunidades?
Investigaciones preliminares y registros de la Gobernación de Córdoba sugieren que la emergencia no fue solo un fenómeno de la naturaleza, sino el resultado de una ruptura en la comunicación entre el centro de control técnico y el territorio.
El frente frío contra la cuota de seguridad
La crisis se gestó en la primera semana de febrero de 2026. Un frente frío excepcional saturó la cuenca alta del Sinú con precipitaciones que superaron en un 150% los promedios históricos. Según los manuales de operación de Urrá, la prioridad absoluta ante tales aportes es preservar la integridad estructural de la presa.
- 4 de febrero: el embalse alcanza niveles críticos debido a caudales de entrada masivos. La hidroeléctrica inicia el protocolo de vertimiento controlado.
- 6 de febrero: se declara la Alerta Roja Operativa. Las descargas alcanzan picos de 2.205 m³/s, un volumen que el cauce del Sinú, seriamente sedimentado, no puede transportar sin desbordarse.
- 7 de febrero: el agua llega a los cascos urbanos. En Montería, el barrio El Dorado se inunda en cuestión de horas. En Lorica, el río sobrepasa las defensas artesanales.
Expertos en hidrología señalan que Urrá cumplió con su manual técnico: “Si no vertían, la presa podía fallar, lo cual habría borrado del mapa a Tierralta y Montería“. Sin embargo, la falla no parece estar en el vertimiento, sino en la latencia de la alerta. Entre el momento en que Urrá decide abrir las compuertas y el momento en que el alcalde de un municipio aguas abajo ordena la evacuación, existe un vacío de horas críticas que se perdieron en formalismos burocráticos.
El sistema colapsado: sedimentación y ocupación del cauce
Para entender por qué el vertimiento fue tan destructivo, hay que mirar el estado del río. La capacidad hidráulica del Sinú se ha reducido drásticamente en los últimos 20 años. Factores como la deforestación y la minería ilegal han depositado toneladas de sedimentos en el lecho.
Cuando Urrá libera agua, el río ya no encuentra profundidad para contenerla. A esto se suma la ocupación de las zonas de amortiguación natural. En términos prácticos el río simplemente reclamó sus “caños de drenaje”, muchos de los cuales hoy están ocupados por invasiones o barrios consolidados sin planes de gestión del riesgo.
Responsabilidad sistémica: ¿Quién tuvo que dar aviso?
La Superintendencia de Servicios Públicos y la UNGRD han puesto la lupa sobre el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la hidroeléctrica. La normativa exige que la comunicación sea inmediata y multidireccional. No obstante, líderes comunitarios de San Pelayo reportan que la alerta llegó cuando el agua ya superaba el nivel de los andenes.
La brecha de comunicación se divide en tres niveles:
- Nivel Técnico: Urrá emite comunicados técnicos que las autoridades locales no siempre saben interpretar en términos de metros de inundación por barrio.
- Nivel Político: las alcaldías dependen de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo, creando un “teléfono roto” donde la urgencia se diluye.
- Nivel Social: la ausencia de sirenas de alerta temprana y rutas de evacuación señalizadas dejó a los ciudadanos a merced del ruido del agua rompiendo los diques en plena noche.
¿Hacia una “Mojana 2.0”?
El gobernador Erasmo Zuleta ha sido enfático: Córdoba no puede permitir que la cuenca baja del Sinú se convierta en una emergencia permanente como la de La Mojana. El análisis de esta crisis revela que la responsabilidad es sistémica. Mientras el Gobierno Nacional critica la gestión energética, la realidad territorial muestra una ausencia de obras de mitigación estructural (como el dragado del río) y una cadena de mando civil que no reaccionó a la velocidad de la física hidráulica.
La inspección de la Superintendencia determinará si hubo negligencia en la activación de los protocolos. Sin embargo, para los miles de damnificados que hoy duermen en albergues improvisados, la conclusión es más simple: la técnica funcionó para salvar la represa, pero la política falló para salvar a la gente.
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