En medio de la fuerte controversia que ha rodeado las decisiones financieras del Gobierno en los últimos meses, este miércoles 11 de febrero se confirmó un paso decisivo. El Ministerio de Hacienda anunció la firma oficial de un nuevo decreto de emergencia económica, social y ecológica.
Esta medida busca hacerle frente a la grave crisis humanitaria y climática que golpea a varios departamentos del país. Con esta herramienta jurídica, el presidente Gustavo Petro pretende agilizar la llegada de recursos a las zonas donde las inundaciones han dejado miles de familias sin nada.
La decisión surge tras un fenómeno climático atípico que afectó seriamente a regiones como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según los datos oficiales, un frente frío provocó lluvias intensas que superaron los niveles históricos. Esta situación dejó un saldo doloroso de personas fallecidas y miles de viviendas destruidas. Además, el campo ha sufrido un golpe durísimo con la pérdida de miles de hectáreas de cultivos y animales de producción.
El Gobierno explicó que los recursos actuales no alcanzan para cubrir la magnitud del desastre. Por esta razón, se hizo necesario recurrir a facultades extraordinarias para proteger también la infraestructura energética, que se ha visto amenazada por el nivel de los embalses.
En el documento oficial se lee que el presidente podrá, con la firma de sus ministros, “dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis”. Esta medida tendrá una vigencia inicial de 30 días en los territorios mencionados.
Nuevos impuestos y el plan para recaudar fondos
Para financiar esta recuperación, que costaría cerca de 8 billones de pesos, el Ministerio de Hacienda ya prepara medidas tributarias. El punto que más ha generado debate es la creación de un impuesto al patrimonio para las empresas más grandes del país.
Según el ministro Germán Ávila, unas 15.000 compañías que tengan patrimonios altos aportarían los recursos. El objetivo es que este dinero se use únicamente para reconstruir vías, puentes, centros de salud y escuelas dañadas por el agua.
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Por ahora, el decreto 0150 ya está en marcha, el Gobierno también hizo un llamado al Congreso para que, una vez termine la emergencia, se realice el respectivo control político sobre el uso de estos poderes especiales.
Mientras tanto, las familias damnificadas esperan que las ayudas prometidas lleguen pronto a los municipios donde el invierno no da tregua.
