El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto con el que el Gobierno había fijado el salario mínimo para 2026, que contemplaba un aumento del 23,7%, el más alto registrado hasta ahora. La decisión se da mientras el alto tribunal revisa varias demandas que cuestionan que el incremento no se habría ajustado a los parámetros técnicos exigidos.
Con esta decisión, el tribunal le dio al Gobierno un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto provisional que cumpla con los criterios macroeconómicos. Un antecedente similar se presentó en 2017, cuando también se anuló un decreto de salario mínimo, aunque en esa ocasión porque el ajuste fue considerado insuficiente.
El nuevo decreto deberá fijar un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal y determinar su valor total para 2026. Mientras tanto, el decreto anterior queda suspendido, pero la discusión judicial sobre su legalidad permanece abierta.
Ciudadanos presentaron demandas argumentando que el aumento se fijó usando el concepto de “salario vital”, basado en parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no son vinculantes en Colombia. Por esta razón, solicitaron la suspensión provisional del decreto, la cual fue acogida por el Consejo de Estado.
Contexto y sensibilidad social
La medida cautelar no representa una decisión definitiva sobre la eliminación del aumento, sino que protege el proceso judicial mientras se evalúa la legalidad del acto administrativo.
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El decreto inicial, expedido por la administración del presidente Gustavo Petro, representaba el aumento más alto en la historia reciente del país. El ministro de Interior, Armando Benedetti, calificó la suspensión como “una decisión política de las élites que tienen influencia”.
El Ejecutivo explicó que el aumento del 23,7% buscaba proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar hacia un “salario vital”. La propuesta se basaba en estudios técnicos, variables económicas y criterios sociales contemplados en la Constitución y la Ley 278 de 1996.
