Una fuerte ola de indignación sacude al Gobierno Nacional tras la suspensión del Decreto 1469. Esta norma fijaba el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 %. El Consejo de Estado frenó la medida de forma provisional, provocando reacciones inmediatas de ministros y líderes políticos.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue uno de los primeros en pronunciarse. Calificó la decisión como “irrespetuosa” con el país y los trabajadores. Además, aseguró que el incremento no había generado la inflación “devastadora” que muchos sectores vaticinaron. Según Sanguino, el aumento beneficiaba a cerca de 10 millones de colombianos.
Ministros denuncian “decisión política”
Por su parte, el ministro Armando Benedetti arremetió contra las altas cortes. El funcionario afirmó que existe una clase dirigente que no desea ayudar a los menos favorecidos. Para Benedetti, la caída del “salario vital” es una medida política antes que jurídica.
“Ya las grandes empresas estaban diciendo que el aumento estaba bien”, señaló el ministro. Asimismo, advirtió que esta situación tendrá graves consecuencias en la actual campaña electoral. Según él, los ciudadanos deberán elegir entre quienes defienden el salario digno y quienes representan a los sectores tradicionales.
Llamado masivo a la movilización social
Líderes cercanos al presidente Gustavo Petro pidieron a la ciudadanía salir a las calles para defender el aumento. Estas son las reacciones principales:
- Iván Cepeda: Calificó la medida como un “atentado contra las políticas sociales”. Aseguró que el país cambió y que el rechazo se expresará mediante la movilización popular.
- Roy Barreras: Tildó la decisión de “insensible”. Convocó a los colombianos a manifestarse contra lo que considera una afrenta a las familias más humildes.
- Antonio Sanguino: El jefe de la cartera de Trabajo instó a las centrales sindicales a preparar jornadas de protesta de forma inmediata.
¿Qué sigue para el Gobierno?
A pesar de la suspensión, el Ejecutivo aún no ha sido notificado oficialmente. Sin embargo, el Consejo de Estado ya ordenó expedir un nuevo decreto provisional en un plazo de ocho días. Este nuevo monto deberá ajustarse a parámetros macroeconómicos más estrictos. Por lo pronto, el Gobierno insiste en que el incremento del 23,7 % era necesario para reducir la desigualdad social en el país.
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