Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026, el presidente Gustavo Petro reaccionó por medio de sus redes sociales y defendió la legalidad del aumento. El mandatario aseguró que el decreto “es ordenado por la Constitución” y que cumple con los criterios económicos establecidos.
El mandatario afirmó que el decreto ya expedido recoge los parámetros necesarios y que el nuevo acto administrativo que exige el alto tribunal seguirá lo dispuesto por la Carta Política. “Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, escribió.
Petro indicó que, por respeto al magistrado que adoptó la medida, el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación. También solicitó un encuentro con la coordinación de movimientos sociales para analizar la situación y estudiar el contenido del nuevo decreto que deberá expedirse.
Según explicó, la reunión se realizará con base en las últimas mediciones económicas y estudios disponibles. Señaló que esos análisis muestran una incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios de algunos alimentos.
El presidente también planteó que se debe revisar el impacto del alza en las tasas de interés sobre el empleo, el déficit y los precios en el país.
Defensa del salario mínimo vital de Petro
Petro sostuvo que los derechos privados que el Consejo de Estado protege también cobijan el derecho del pueblo trabajador. Agregó que reducir la demanda de alimentos básicos en el contexto actual podría frenar la economía y aumentar el hambre y la desnutrición infantil. “Eso atenta contra la Vida. Nada más anticonstitucional”, escribió el mandatario.
El presidente afirmó que suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que prohíbe el deterioro del poder adquisitivo del salario. También señaló que la medida afecta la prerrogativa del Gobierno en materia salarial.
Por último, invitó al pueblo trabajador a pronunciarse sobre este asunto y reiteró su llamado a construir “el pacto social de la vida y de la paz”. Añadió que el poder judicial debe tener presente que el Gobierno se debe al voto ciudadano y a la Constitución.
