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¿Se vienen marchas? Sectores llaman a la calle tras suspensión del decreto del salario mínimo

El gobierno nacional deberá expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días.

Tras la suspensión provisional del decreto que fijaba el salario mínimo vital en Colombia, diversos actores sociales y políticos han convocado movilizaciones en todo el país. La medida del Consejo de Estado, que detiene temporalmente la implementación del incremento, ha generado rechazo de sindicatos, congresistas y movimientos sociales.

Roy Barreras hizo un llamado a la ciudadanía: “¡Atención! Todos a las plazas. Debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de Colombia. Hay que defender el salario vital”. Barreras calificó la suspensión como “una afrenta, insensible y contraria a las familias que consiguen un empleo y necesitan un ingreso digno”.

Ana Erazo, exconcejal de Cali, también se sumó a los llamados: “Movilización ya. Ante este bloqueo institucional, la ciudadanía debe salir a defender sus derechos y poner sobre la mesa la necesidad de cambios profundos”. La representante instó a que las manifestaciones se conviertan en un ejercicio ciudadano.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la medida y destacó que el decreto transitorio del salario mínimo fue expedido siguiendo los criterios económicos y constitucionales correspondientes.

Señaló que respetará la decisión del Consejo de Estado, pero actuará conforme a la Constitución y convocó a una reunión de concertación con movimientos sociales y el Ministerio de Trabajo para definir los próximos pasos.

Críticas de líderes políticos

El senador Iván Cepeda expresó su rechazo: “Rechazo la arbitraria y regresiva suspensión del salario vital. Esta decisión propicia la reproducción de la desigualdad social y tendrá un fuerte rechazo en las calles y en la movilización social”.

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Petro añadió que disminuir el ingreso mínimo afectaría directamente la economía y podría aumentar la desnutrición infantil. Según el mandatario, la suspensión pone en riesgo los derechos del pueblo trabajador y la estabilidad del salario, pilares que la Constitución protege.