La Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales anunció hoy un respaldo unánime al incremento del salario mínimo para este año. Tras la suspensión provisional del decreto original, el Ministerio del Trabajo se reunió con representantes de los gremios y las centrales sindicales. El objetivo del encuentro fue analizar el futuro del ajuste salarial tras la reciente decisión del Consejo de Estado.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que existe un consenso entre las partes para no modificar el aumento del 23,7%. Según el funcionario, los empresarios manifestaron de forma mayoritaria que sería un error expedir un nuevo decreto con una cifra diferente. Por su parte, las centrales obreras ratificaron su posición a favor de mantener el porcentaje pactado inicialmente para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Consenso para evitar la incertidumbre económica
La posición compartida entre el sector privado y los sindicatos busca evitar la inestabilidad en el mercado laboral. Sanguino explicó que cambiar el incremento en este momento afectaría la confianza en la economía nacional. El Gobierno Nacional reiteró que acatará el acto judicial, pero defenderá el derecho a un salario vital. Para ello, expedirá un decreto transitorio que cumpla con los términos ordenados por el Consejo de Estado sin sacrificar el ajuste acordado.
Esta decisión se produce en un momento de tensión jurídica sobre la fijación del salario mínimo de 2026. El Ministerio del Trabajo aseguró que defenderá la legalidad del incremento en todas las instancias judiciales posibles. La prioridad del Ejecutivo es cumplir con el mandato constitucional que exige un salario justo para los trabajadores colombianos. La Mesa de Concertación se mantendrá en sesión permanente para monitorear los efectos de esta medida en el sector productivo.
Defensa del salario vital ante el Consejo de Estado
El Gobierno prepara ahora los argumentos técnicos para sustentar el aumento del 23,7% ante las autoridades judiciales. El ministro Sanguino enfatizó que el respaldo de los empresarios es una señal de responsabilidad compartida frente a la realidad social del país. Las centrales obreras, por su parte, advirtieron que cualquier reducción en el porcentaje afectaría gravemente el consumo interno y la calidad de vida de millones de familias.
Con este respaldo, el Gobierno busca cerrar la brecha de incertidumbre que generó la suspensión del decreto anterior. Se espera que en las próximas horas se publique el nuevo documento legal que formalice la decisión de la Mesa de Concertación. Los gremios económicos señalaron que, a pesar del impacto en los costos, la estabilidad jurídica es prioritaria para mantener la operatividad de las empresas durante el presente año.
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