El Gobierno Nacional dio el primer paso formal para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el inicio de la recolección de firmas para respaldar esta iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro. El proceso arrancó tras el aval de la Registraduría General de la Nación al comité promotor, integrado también por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la consejera para las Regiones, Luz María Múnera.
La meta para el comité es ambiciosa. La ley colombiana exige el respaldo de al menos el 5 % del censo electoral para que la propuesta avance. Esto equivale a recolectar 2.069.760 firmas válidas en todo el territorio nacional. Los promotores cuentan con un plazo de seis meses para cumplir este requisito, fijando como fecha límite el próximo 6 de agosto. Este día coincide con la finalización del actual periodo presidencial, justo antes del relevo de mando el 7 de agosto.
El camino legal hacia la reforma constitucional
Si la Registraduría certifica el número necesario de firmas, el proceso se trasladará al Congreso de la República. Allí, los legisladores deberán debatir y aprobar un proyecto de ley para convocar a una votación popular. En dicha jornada, los ciudadanos decidirán en las urnas si desean o no la creación de la Constituyente. También deberán definirse los temas que se reformarían y el tiempo de funcionamiento de la asamblea.
El presidente Gustavo Petro ha defendido este mecanismo como una herramienta del “poder constituyente”. Según el mandatario, esta vía es necesaria para impulsar transformaciones institucionales que han enfrentado bloqueos en el Congreso y en las altas cortes. La propuesta busca replantear las reglas del juego político y social del país ante la resistencia a las reformas sociales del actual Ejecutivo.
Un proceso que trasciende el actual mandato
A pesar del inicio de la recolección de firmas, la instalación de una eventual Asamblea Constituyente no ocurriría durante el presente Gobierno. Debido a los tiempos legales y las etapas de verificación, el proceso se concretaría después de que Petro deje la Casa de Nariño. El propio jefe de Estado ha manifestado su interés en participar en este escenario futuro, aunque ha aclarado que lo haría en su calidad de ciudadano y no como presidente en ejercicio.
La oposición y diversos sectores jurídicos observan el proceso con cautela. Críticos de la iniciativa advierten sobre los riesgos de abrir la Constitución de 1991 en un clima de alta polarización política. Por ahora, el comité promotor se enfoca en la logística nacional para alcanzar el umbral de firmas requerido. El país entra así en una etapa de intenso debate sobre la pertinencia de reformar la carta magna y el alcance que tendrían estos cambios para la democracia colombiana.
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