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Claves del nuevo decreto del salario mínimo vital

El presidente Petro expidió otra vez el salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado lo suspendiera. Estas son las claves del nuevo decreto.

El Ministerio de Trabajo, cartera liderada por Antonio Sanguino, ya expidió el nuevo decreto del salario mínimo vital luego de la suspensión del anterior por parte del Consejo de Estado. El gobierno optó por mantener el incremento del 23%, que fija un salario de $1.750.905 pesos y que, sumado al auxilio de transporte, queda en 2 millones. Tanto el presidente Gustavo Petro, como el ministro Sanguino, insistieron en mantener la cifra. 

El decreto llega horas después de las movilizaciones a favor del salario mínimo vital y del discurso del presidente en la Plaza de Bolívar, en donde cuestionó a los poderes por oponerse al incremento. Este documento es transitorio, mientras el Consejo de Estado estudia de fondo el anterior. 

Esta vez, el gobierno argumentó la necesidad de cumplir con el “mandato constitucional” de una remuneración mínima, vital y móvil. Un argumento que sustenta basado en el artículo 53 de la Constitución y que ya utilizó para el decreto suspendido. Además, reiteró los estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Contexto: “Ni un peso atrás”: avanza protesta por salario mínimo en la Plaza de Bolívar.

Los argumentos del nuevo decreto

El gobierno asegura que el artículo 53 de la Constitución consagra “como principio mínimo fundamental en materia laboral, el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo”. Por eso, el “salario mínimo debe ser no solo vital sino también móvil”. Por eso, también se basa en los conceptos de la OIT y determina que el mínimo no es solo “un umbral de subsistencia”, sino de “justicia social”.

Fragmento del decreto 0159 del 2026.

Entre los factores económicos técnicos, el gobierno expone una serie de indicadores macroeconómicos y productivos. Por ejemplo, la inflación del 2025 del 5,3% y la productividad total de los factores, que es del 0,91%. Además, tomó la contribución de los salarios al ingreso nacional, proporcional a un 4,46%. 

También tuvo en cuenta el crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB), de 2,9%. Y señaló que además se desaceleró la inflación (de 13,3% a 5,1%) y el desempleo bajó al 8% en diciembre de 2025, la más baja desde 2001. Y dijo que la brecha de pobreza monetaria se ubicó en 12,6% en todo el país para 2024. 

Fragmento del decreto 0159 del 2026.

En medio de todos estos conceptos, el gobierno además asegura que hay una brecha del 9,4% entre el salario mínimo legal y el costo real de una canasta de vida digna —alimentación, vivienda, salud y educación—. Por eso, apuesta a un cierre progresivo de tal brecha. Bajo esa línea, apela a los artículos 333 y 334 de la Constitución para justificar la intervención del Estado. El gobierno dice que, si bien existe libertad de empresa, esta tiene el límite del “bien común” y debe cumplir una función social.

Por otro lado, este decreto señala que, aunque el salario en general venía creciendo frente a la inflación total (IPC total), cuando se medía frente a la inflación exclusiva de alimentos, los trabajadores de menores ingresos mostraban una pérdida real de su poder adquisitivo.

La pelea de Petro por el salario mínimo vital

El magistrado Juan Camilo Morales, del Consejo de Estado, suspendió provisionalmente el decreto que ajustó el salario mínimo en un 23% para 2026. Según dijo, el gobierno “desarrolló de manera extensa el concepto de salario vital como referente” y aseguró que la metodología no podía excluir los parámetros legales vigentes desde 1996. 

A pesar de que el decreto fue suspendido temporalmente, Petro mantuvo el mismo incremento. De hecho, a través de su cuenta de X, aseguró que el salario mínimo debería ser de 2’155.000 millones de pesos. 

“Nos han tratado como cosas, como esclavos y no se ha tenido en cuenta la decisión del deseo popular de hacer a Colombia un país para todos y todas”, señaló el presidente Petro el pasado 19 de febrero en el marco de las movilizaciones en contra de la decisión del Consejo de Estado. “No es desobedecer a un juez. El presidente no está aquí para irrespetar a la justicia. No es un irrespeto a la justicia, pero sí un irrespeto a la injusticia en Colombia. No aguantamos más la injusticia”, agregó. 

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