Las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo enfrentan un panorama judicial complejo. Seis congresistas, vinculados formalmente a investigaciones por el escándalo de la UNGRD, mantienen sus candidaturas vigentes. La justicia investiga un presunto entramado donde se habrían canjeado votos por contratos de emergencia. Pese a la gravedad de los señalamientos, los legisladores defienden su inocencia y continúan en campaña.
La tesis de la Fiscalía y la Corte Suprema sugiere que se utilizaron recursos de atención a desastres para el pago de sobornos. Bajo este esquema, se habrían direccionado proyectos millonarios a cambio de respaldar las reformas del Gobierno. Mientras varios exfuncionarios ya están en prisión, estos seis políticos buscan que el voto popular les permita seguir en el Congreso.
Detalles de los procesos y las sospechas judiciales
Los implicados enfrentan actualmente un cerco jurídico en dos frentes. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia lidera las investigaciones penales. Por otro, el Consejo de Estado analiza una demanda de pérdida de investidura. Este proceso busca determinar si existió tráfico de influencias o violación del régimen de incompatibilidades.
Aspirantes al Senado
- Julio Elías Chagüi (Partido de la U): La justicia rastrea la presunta asignación irregular de $35.000 millones en proyectos para Sahagún, Córdoba. Se investiga si estos contratos fueron una contraprestación por su apoyo legislativo.
- Martha Peralta (MAIS): Es investigada por su supuesta gestión en un contrato de $2.000 millones para pozos en La Guajira. El proceso busca aclarar si hubo acuerdos irregulares con exdirectivos de la UNGRD.
- Wadith Manzur (Partido Conservador): El actual representante busca ascender al Senado. Se le señala por un presunto aprovechamiento de su cargo en la Comisión de Crédito Público para agilizar préstamos a cambio de beneficios en contratos.
- Berenice Bedoya (ASI): Fue vinculada al caso tras el hallazgo de presuntos chats. Los mensajes sugerirían un interés particular en direccionar obras de la entidad hacia el municipio de Puerto Concordia, Meta.
Candidatos a la Cámara de Representantes
- Juan Loreto Gómez (Partido Conservador): El representante por La Guajira enfrenta indagaciones por la presunta exigencia de cuotas burocráticas y contratos estatales.
- Karen Manrique (Curules de Paz): Es investigada por su supuesta mediación en la entrega de contratos que sumaban $92.000 millones. Según las declaraciones en el proceso, este dinero habría asegurado votos en comisiones clave.
Riesgos jurídicos y presunción de inocencia
Es importante resaltar que ninguno de los mencionados tiene aún una condena en su contra. Los seis candidatos han negado los cargos de forma reiterada. Aseguran que las acusaciones de los exdirectivos de la UNGRD carecen de pruebas reales. Sin embargo, si el Consejo de Estado falla en su contra, enfrentarían la “muerte política”, quedando inhabilitados de por vida.
Este escenario contrasta con la postura de otros políticos investigados. Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Liliana Vitar decidieron retirar sus candidaturas. Estos legisladores optaron por alejarse de las urnas para centrarse exclusivamente en su defensa ante los tribunales.
El electorado tiene ahora la responsabilidad de decidir en medio de este debate ético. La presencia de vallas publicitarias en zonas golpeadas por inundaciones ha generado indignación en sectores de la sociedad civil. El resultado del 8 de marzo determinará si los investigados mantienen su fuero parlamentario por cuatro años más.
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