La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso definitivo en uno de los casos ambientales más complejos de la última década en los Llanos Orientales. Tras años de investigaciones y análisis de inteligencia satelital, el ente acusador llamó a juicio a 12 líderes de la comunidad menonita asentada en Puerto Gaitán. Se les acusa de transformar drásticamente 110 hectáreas de bosque nativo en campos de cultivo industrial sin contar con los permisos exigidos por la ley colombiana.
Este proceso no es solo un expediente judicial por delitos ambientales. Representa un choque cultural y económico profundo. Por un lado, una comunidad extranjera con un modelo de producción de alta eficiencia; por otro, la fragilidad de los ecosistemas estratégicos de la vereda La Cristalina y los derechos de comunidades indígenas que reclaman esas tierras como ancestrales.
110 hectáreas bajo sospecha
La Unidad Investigativa de la Fiscalía fundamenta su acusación en una cronología de destrucción que inició en 2017 y se extendió hasta 2021. Las pruebas reinas son una serie de imágenes satelitales que muestran la metamorfosis del predio “Campoalegre”. Lo que antes era un manto verde de vegetación nativa y corredores biológicos, hoy es una cuadrícula de agricultura mecanizada.
Los peritos técnicos establecieron que la remoción de la capa vegetal equivale a la pérdida de 65 canchas de fútbol. El impacto no se limita a la tala de árboles. Al eliminar la cobertura boscosa, los acusados provocaron un proceso erosivo severo en el suelo y destruyeron los “puentes naturales” que permitían la migración de aves y mamíferos. Los delitos imputados son graves: aprovechamiento ilícito de recursos naturales, daño ambiental, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendios.
Intervención hídrica: puentes sobre ecosistemas protegidos
Uno de los puntos más críticos de la acusación se centra en la infraestructura hidráulica construida por la comunidad. Los funcionarios del CTI identificaron cuatro puentes masivos, con dimensiones de hasta 16 metros de largo, levantados sobre cuerpos de agua protegidos.
Estas estructuras invaden el cauce del humedal Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia. Según la Fiscalía, los menonitas ignoraron deliberadamente la necesidad de estudios de impacto y permisos de las autoridades ambientales. El ente investigador sostiene que, dada la vasta experiencia agrícola de este grupo en países como México, Perú y Bolivia, ellos sabían que sus acciones constituían una violación a la normativa colombiana.
El dilema de la reparación y la negociación
A pesar del llamado a juicio, el proceso atraviesa una etapa de negociación técnica. Los 12 procesados, entre ellos Jacob Lowen Klassen y Johan Wall Froesse, buscan evitar una condena penal mediante un plan de compensación. En reuniones recientes con Cormacarena, la autoridad ambiental de la región, se socializaron 12 conceptos técnicos que servirán de base para restaurar el daño.
El compromiso de los acusados es entregar una propuesta formal de reparación integral. Este documento deberá detallar cómo pretenden recuperar la funcionalidad del suelo y reforestar las áreas donde el ecosistema fue transformado en paisaje industrial. La justicia colombiana enfrenta ahora el reto de decidir si la restauración del daño es suficiente o si la gravedad de la deforestación mecanizada exige una sanción ejemplarizante.
Un modelo en expansión bajo vigilancia
Los menonitas llegaron al Meta en 2014 con el objetivo de adquirir grandes extensiones de tierra para la producción de soja y maíz. Aunque su capacidad de trabajo y autosuficiencia es reconocida, su modelo de expansión ha generado alertas en toda América Latina. Casos similares de deforestación masiva se han registrado en la Amazonía peruana y en regiones de Bolivia, donde el grupo también enfrenta procesos legales.
En Colombia, este caso marca un precedente sobre los límites de la propiedad privada y la explotación agrícola frente a la protección de la biodiversidad. El juicio determinará si la “fe en la tierra” de los menonitas puede coexistir con las leyes ambientales de un país que busca frenar la pérdida de sus bosques nativos.
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