El Ministerio de Trabajo publicó un borrador de decreto que ha encendido las alarmas en el sector financiero y jurídico del país. El documento reglamenta el traslado de recursos de los afiliados que se acogieron a la “ventana de oportunidad” para pasar de los fondos privados (AFP) a Colpensiones. La norma exige que las administradoras giren la totalidad del capital y los rendimientos en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Esta decisión involucra una cifra superior a los $25 billones, pertenecientes a más de 118.000 colombianos que están a menos de diez años de jubilarse. Según el Gobierno, estos recursos deben pasar a manos del Estado para garantizar las condiciones de pensión de quienes decidieron el traslado. Sin embargo, gremios y expertos advierten que la medida busca, en realidad, aliviar el actual hueco fiscal del presupuesto nacional.
El conflicto jurídico: ¿decreto contra ley?
La principal controversia radica en que el borrador de decreto parece contradecir directamente la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional). El artículo 76 de dicha ley establece que el ahorro de quienes se trasladan debe seguir bajo administración de las AFP hasta que la persona cumpla efectivamente la edad de pensión. Solo en ese momento, el dinero debería pasar al fondo administrado por el Banco de la República.
Asofondos, el gremio de los fondos privados, sostiene que el Gobierno intenta “saltarse” la ley para disponer de este dinero de forma inmediata. Al trasladar los $25 billones a la caja corriente de Colpensiones, el Ejecutivo podría liberar recursos del Presupuesto General que hoy se destinan al pago de pensiones, utilizándolos para otros fines. Esto, según los expertos, pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del sistema pensional.
Impacto en el mercado y la estabilidad financiera
Además del debate legal, existe una preocupación técnica sobre la rapidez del traslado. Obligar a los fondos privados a liquidar portafolios masivos de inversión en solo dos semanas podría generar inestabilidad en el mercado de valores. Los analistas señalan que vender activos por $25 billones de manera acelerada es una “temeridad financiera” que podría hundir el valor de otras inversiones.
Por otro lado, esta medida se suma a una serie de decretos emitidos bajo la emergencia económica. Entre ellos se encuentran nuevos impuestos al patrimonio para grandes empresas y sobretasas a las generadoras de energía. El objetivo común parece ser cubrir un déficit fiscal de 16 billones de pesos tras el rechazo de la ley de financiamiento en el Congreso.
¿Qué sigue para los ahorradores?
Mientras el borrador de decreto surte su proceso de comentarios, la mirada está puesta en la Corte Constitucional. El alto tribunal aún estudia la validez de la reforma pensional, un proceso que se ha dilatado tras cambios en la magistratura ponente. Si la Corte decide tumbar la reforma, el decreto perdería su sustento legal; pero si la avala, el Gobierno tendría luz verde para captar estos recursos.
Por ahora, los afiliados que solicitaron el traslado deben saber que su ahorro individual está en el centro de una disputa de poder entre la necesidad de caja del Gobierno y la protección del ahorro privado que defienden los fondos. El desenlace de esta medida definirá la confianza de los inversionistas y la seguridad de las mesadas futuras de miles de colombianos.
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