El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la suspensión urgente del Decreto 182 de 2026. Esta norma del Ministerio de Salud buscaba trasladar a cerca de 6,6 millones de afiliados en todo el país. La decisión judicial protege los derechos de los usuarios mientras se estudia el impacto real de esta medida. El fallo responde a una acción popular que cuestiona la capacidad operativa de las entidades receptoras.
El ciudadano Víctor Raúl Palacio interpuso la demanda para evitar afectaciones en la atención médica. Según el tribunal, el traslado masivo de pacientes podría vulnerar el acceso eficiente a los servicios de salud. El magistrado ponente consideró que el Gobierno Nacional debe garantizar la estabilidad de los tratamientos antes de mover a los afiliados. Esta orden judicial detiene un proceso que planeaba ejecutarse en pocos días.
Riesgos por la asignación a entidades intervenidas
La demanda señala un riesgo crítico en la asignación de 2,6 millones de personas a la Nueva EPS. Actualmente, esta entidad se encuentra intervenida por el Estado y presenta dificultades financieras. El demandante argumentó ante el tribunal que la aseguradora no cumple con los requisitos de capital mínimo necesarios. Además, se reportó un aumento constante en las quejas y tutelas por falta de servicios en dicha EPS.
El fallo advierte que la Nueva EPS ya atiende a más de 11,5 millones de usuarios. Recibir a millones de pacientes adicionales podría generar barreras insuperables en la entrega de medicamentos. El tribunal ordenó al Ministerio de Salud abstenerse de realizar estos movimientos de población. Esta prohibición se mantendrá vigente hasta que se demuestre la solvencia técnica de las aseguradoras habilitadas.
Impacto en el modelo territorial de salud
El Decreto 182 pretendía concentrar el sistema en pocas EPS por cada zona geográfica. Con este modelo, el Gobierno buscaba mejorar la sostenibilidad financiera del aseguramiento. Sin embargo, los expertos señalan que la medida limitaría drásticamente la libre elección de los ciudadanos. En muchos municipios, solo una o dos aseguradoras tendrían permiso para operar bajo este nuevo enfoque.
Por ahora, los traslados hacia entidades como Savia Salud o S.O.S. quedan totalmente paralizados. El Ministerio de Salud deberá responder a los cuestionamientos sobre la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. La justicia verificará si el cambio propuesto garantiza realmente un servicio oportuno para los pacientes más vulnerables del país.
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