Para Catalina Giraldo, la dignidad se convirtió en una urgencia. A sus 30 años, esta psicóloga bogotana describe su existencia como una tortura constante. Según declaraciones entregadas a Noticias Caracol, su propia mente es una cárcel que le impide el descanso. Ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo, trastorno límite de la personalidad y ansiedad generalizada. Catalina ha pasado un tercio de su vida buscando una mejoría. Al no encontrarla, solicitó formalmente al sistema de salud el acceso al Suicidio Médicamente Asistido (SMA).
Este caso marca un hito judicial. Aunque Colombia es pionera en el derecho a morir dignamente, las solicitudes previas se enfocaban en enfermedades físicas terminales. Catalina representa el primer expediente fundamentado estrictamente en el sufrimiento psíquico. Su batalla actual no es solo contra su condición clínica. También es contra un sistema que aún no reglamenta cómo proceder cuando el dolor radica en la mente del paciente.
Un historial clínico sin respuestas
El expediente de Catalina evidencia una larga lucha médica. DescLab, Laboratorio de Derechos Económicos, califica el cuadro clínico como crónico y refractario. Esto significa que su organismo ya no responde a la psiquiatría tradicional. Durante la última década, se ha sometido a cerca de 40 esquemas farmacológicos distintos. Ha probado múltiples combinaciones de medicamentos, pero solo ha experimentado efectos secundarios.
La intervención médica incluyó métodos de última instancia. Según reportes de La FM, Giraldo pasó por tres ciclos de terapia electroconvulsiva y seis infusiones de ketamina. Además, desde 2020, ha requerido nueve hospitalizaciones psiquiátricas por crisis agudas. En la entrevista con Noticias Caracol, Catalina explicó que siente un vacío físico y doloroso en su pecho. “Para mí ya es suficiente”, relató al describir el agotamiento biológico que padece tras tantos intentos fallidos.
El laberinto jurídico y la respuesta de la EPS
En 2022, la Corte Constitucional despenalizó el SMA. Existe una diferencia técnica clave con la eutanasia. Lucas Correa, abogado de Giraldo y director de acciones jurídicas de DescLab, explicó a los medios esta distinción. En la eutanasia, el médico administra el fármaco mortal. En el SMA, es el propio paciente quien ejerce la acción final bajo estricta supervisión profesional. Catalina prefiere esta opción para mantener la autonomía sobre su cuerpo y permitir que su familia la acompañe en el acto.
Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha emitido los protocolos técnicos para su implementación. Por esta razón, EPS Sanitas negó la solicitud en noviembre de 2025. La entidad argumentó en su respuesta formal que no existen condiciones normativas ni operativas para garantizar el procedimiento. Esta negativa obligó a la paciente a interponer una tutela, la cual fue rechazada por un juzgado. Ahora, su defensa espera que la Corte Constitucional seleccione el caso para sentar un precedente claro.
La visión de la familia y la salud pública
La solicitud de Catalina es un proceso reflexivo y acompañado por su círculo íntimo. Su madre, María Ángela Silva, respalda la decisión tras años de ver el deterioro de su hija. Silva reconoció que alargar la vida de su hija prolonga un sufrimiento irreversible. “Ella no está viviendo dignamente”, afirmó la madre. Al pedir el SMA de forma legal, la familia busca evitar un desenlace traumático y violento en la clandestinidad.
El abogado Lucas Correa sostiene que negar esta discusión empuja a los pacientes hacia métodos peligrosos. Este caso surge en un contexto crítico de salud pública. Según los reportes oficiales, para la semana epidemiológica 53 de 2025 se notificaron más de 38.700 intentos de suicidio a nivel nacional, superando las cifras esperadas. Bogotá y Antioquia concentran la mayoría de las alertas. En contraste, las muertes consumadas mostraron una reducción reciente, con 2.984 casos en 2024. Pese a esta leve caída, para la defensa, ignorar el debate solo deja a los pacientes más vulnerables sin opciones médicas seguras.
El alto tribunal tiene la responsabilidad de estudiar este expediente inédito. Los magistrados podrían ampliar el concepto de muerte digna hacia la salud mental. Se trata de decidir si el sistema debe seguir imponiendo tratamientos o si debe respetar la voluntad de un paciente cuyo sufrimiento es incurable. Mientras la justicia delibera, Catalina espera una respuesta definitiva que le permita cerrar su historia con compasión.
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