La crisis del sistema de salud en Colombia cobró una nueva vida el pasado 14 de marzo. Jeisson Javier Pinzón Sandoval murió en una Unidad de Cuidados Intensivos mientras esperaba una inmunoterapia esencial. El joven requería el fármaco Blinatumomab para estabilizar su enfermedad y acceder a un trasplante de médula ósea. Según registros médicos, el tratamiento fue ordenado desde octubre de 2025. Sin embargo, el medicamento nunca llegó a sus manos debido a barreras administrativas persistentes entre la aseguradora y los proveedores encargados.
Pinzón fue diagnosticado en febrero de 2025 y mostró una respuesta positiva inicial a las quimioterapias tradicionales. No obstante, el proceso hacia su curación enfrentó múltiples obstáculos financieros ajenos a su estado clínico. En una entrevista concedida a El Tiempo, su tío Hector Sandoval relató que el joven tenía programado un trasplante con su hermana como donante compatible. Pero la ruta de atención se truncó cuando la clínica donde se trataba informó que debía cerrar sus servicios. La institución justificó esta decisión por la falta de pagos acumulados por parte de la Nueva EPS hacia la red prestadora.
Una batalla legal contra el silencio de la Nueva EPS
Ante la demora en la entrega de la medicina, Jeisson acudió a las instancias judiciales para intentar salvar su vida. El paciente logró un fallo de tutela a su favor que obligaba a la entidad a suministrar el tratamiento de forma inmediata. Debido al incumplimiento sistemático de esta orden, el joven inició un incidente de desacato para presionar a los directivos. Aun con estas herramientas legales de última instancia, la entidad no entregó el fármaco. Cabe resaltar que el costo de este tratamiento biotecnológico ascendía a 250 millones de pesos por cada ciclo de 28 días de aplicación.
Días antes de su fallecimiento, Jeisson difundió videos en redes sociales solicitando auxilio a las autoridades nacionales. La Superintendencia de Salud emitió tres comunicaciones con plazos perentorios para resolver su situación de urgencia vital. Pese a estas advertencias y a los mensajes públicos de la EPS solicitando sus datos para “validar el caso”, la gestión no se concretó a tiempo para evitar el desenlace. La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma calificó el hecho como una muerte que pudo evitarse con una gestión administrativa básica y humana.
Denuncias ante la CIDH y negligencia sistemática
El caso de Jeisson Pinzón no es un hecho aislado dentro del convulsionado panorama de la salud en este 2026. Su historia formaba parte de una denuncia colectiva presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha solicitud alertó sobre 15 pacientes con cáncer hematológico que enfrentan retrasos críticos en sus terapias en Colombia. La mayoría de estos casos corresponden a usuarios de la Nueva EPS que sufren interrupciones graves en el suministro de medicamentos de alto costo para patologías huérfanas o crónicas.
Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, explicó que el Blinatumomab era la única opción para rescatar al joven de su recaída. Al no recibir la inmunoterapia, la carga de la enfermedad aumentó hasta un 17% en su organismo. Esta cifra impidió realizar el trasplante de médula ósea, pues los protocolos exigen un estado de remisión total para el éxito del procedimiento. La familia del estudiante de economía realizó sus exequias en la Catedral de Tunja. Mientras tanto, las organizaciones de pacientes exigen que la Fiscalía investigue la responsabilidad penal de los funcionarios por esta presunta negligencia en la prestación del servicio.
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