El sistema judicial de Estados Unidos ha puesto la lupa sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Según una revelación de The New York Times, las fiscalías federales de los distritos sur y este de Nueva York —Manhattan y Brooklyn— lideran investigaciones penales para determinar posibles vínculos del mandatario con el narcotráfico. Estas pesquisas, que involucran a fiscales especializados en delitos internacionales y agentes de la DEA, se centran en establecer si dinero ilícito financió su llegada al poder.
Las investigaciones exploran específicamente dos ejes: supuestas reuniones de Gustavo Petro con narcotraficantes y la presunta solicitud de donaciones a traficantes durante la campaña presidencial de 2022. Aunque los expedientes se encuentran en etapas preliminares, su existencia marca un hito en la relación bilateral.
El rastro del dinero y las declaraciones de Nicolás Petro
El origen de estas sospechas no es nuevo para la justicia. Los fiscales estadounidenses han retomado informes de medios colombianos y hallazgos de la Fiscalía General de la Nación. Un punto clave en el rastreo es la declaración de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, quien admitió ante autoridades locales que dinero de personas vinculadas al narcotráfico ingresó a la campaña de su padre. Estos testimonios son piezas fundamentales que los agentes de Seguridad Nacional (HSI) analizan ahora bajo las leyes federales de EE. UU.
A esto se suman las sanciones impuestas en octubre pasado por el Departamento del Tesoro. En ese momento, la oficina de control de activos extranjeros (OFAC) bloqueó las cuentas del presidente, su esposa y su hijo, argumentando que bajo la actual administración la producción de cocaína alcanzó niveles récord. El Tesoro también incluyó en la “Lista Clinton” al ministro del Interior, Armando Benedetti, citando audios donde se compara la financiación de la campaña con episodios históricos de infiltración mafiosa en la política colombiana.
Defensa oficial y el panorama ante la justicia de EE. UU.
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro ha mantenido una postura de rechazo absoluto a estos señalamientos. El mandatario argumenta que su gobierno ha sido más efectivo que sus predecesores en la incautación de estupefacientes y que las acusaciones tienen un trasfondo político. No obstante, el Departamento de Justicia de EE. UU. continúa recolectando pruebas, siguiendo un patrón similar al de otros exmandatarios de la región que fueron acusados formalmente tras dejar sus cargos.
Actualmente, las relaciones diplomáticas parecen haber entrado en una fase de distensión tras la reciente reunión entre Petro y el presidente Donald Trump. Sin embargo, la independencia de los fiscales de Manhattan y Brooklyn garantiza que el proceso penal siga su curso administrativo. Colombia se encamina a unas elecciones presidenciales en mayo de 2026, y el avance de estas investigaciones en Nueva York será un factor determinante en la agenda de seguridad y justicia de ambos países.
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