Bajo la consigna #NoAlPactoDeSilencio, un grupo de más de 40 destacadas periodistas, escritoras y abogadas firmaron una carta pública este 22 de marzo. En el documento, denuncian una presunta estrategia de “silenciamiento y revictimización” contra las mujeres que denuncian violencias de género. El caso central de la protesta es el de Lina Castillo, joven militante que en 2019 denunció por acoso a Hollman Morris, actual gerente de RTVC.
Entre las firmantes de la misiva se encuentran figuras de gran trayectoria como María Jimena Duzán, Jineth Bedoya y Catalina Ruiz-Navarro. Las denunciantes sostienen que, tras la denuncia pública de Castillo, Morris respondió con una demanda penal por injuria y calumnia. Según el comunicado, la Fiscalía General decidió acusar a la joven, quien ahora enfrenta un juicio por haber usado el “escrache” como mecanismo de defensa ante un presunto abuso de poder.
Críticas al manejo judicial y presunto uso de poder institucional
El texto lanza duros cuestionamientos al sistema judicial y a la actuación del gerente de medios públicos. Las firmantes señalan que la jueza María del Pilar Rivera Vieda decidió continuar con el juicio, a pesar de que la Fiscalía habría reconocido no aplicar el enfoque de género en la investigación. Esta omisión violaría, según las expertas, recomendaciones de organismos internacionales como el Comité CEDAW.
Asimismo, denuncian presuntos actos de intimidación durante las audiencias. Según el comunicado, Morris ha asistido a los juzgados utilizando el logo de RTVC y acompañado de funcionarios de la entidad. Para las periodistas y abogadas, esto representa un uso abusivo de la posición institucional para presionar a Castillo. También mencionan el respaldo público del presidente Gustavo Petro hacia el funcionario como un factor que desequilibra las garantías del proceso.
Peticiones urgentes a la Fiscal General
El grupo de mujeres exige la intervención de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Piden que se garantice un juicio transparente que respete los precedentes de la Corte Constitucional. El comunicado recuerda que sentencias como la T-241 de 2022 protegen el derecho a la denuncia pública en contextos de violencia de género.
Finalmente, el documento advierte sobre el peligro de perseguir judicialmente a las víctimas. “Consideramos inaceptable que la Fiscalía persiga a las mujeres que se atreven a denunciar y no investigue a los presuntos agresores”, reza el texto. La protesta cierra con un llamado a la solidaridad nacional para que, en palabras de la activista francesa Gisèle Pelicot, “la vergüenza cambie de bando”.
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