La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, radicó una solicitud formal ante el presidente Gustavo Petro para revocar la designación de voceros de paz de cuatro altos mandos de las disidencias de las Farc. Según reveló la funcionaria en diálogo con Caracol Radio, la petición busca que se reactiven de inmediato las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, y Javier Alfonso Velosa García, alias ‘John Mechas’.
El ente investigador ratificó que estos cabecillas han continuado impartiendo órdenes para la ejecución de conductas punibles. En el caso de ‘Calarcá’, la Fiscalía señala que articula comisiones armadas para consolidar su hegemonía territorial en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Las acciones atribuidas incluyen extorsiones continuas, desplazamiento forzado y graves delitos ambientales como la deforestación.
Crímenes documentados y persistencia en la guerra
La solicitud de la fiscal Camargo se fundamenta en un nexo causal entre las órdenes de los cabecillas y la macrocriminalidad documentada en las regiones. El informe destaca que el Frente 33, bajo el mando de ‘John Mechas’, persiste en su actividad de guerra mediante el uso de drones para ampliar posiciones en Norte de Santander. Además, se les vincula con una disputa territorial contra el ELN en corregimientos de Tibú y El Tarra, afectando directamente a la población civil.
El ente acusador recordó que, el pasado 3 de marzo de 2026, se imputaron delitos a varios de estos líderes por hechos que incluyen homicidio en persona protegida con 49 víctimas y el desplazamiento forzado de 87 personas. También se registran cargos por el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad y el tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Para la Fiscalía, estas acciones demuestran que los señalados no merecen mantener el beneficio de la suspensión de captura.
Implicaciones para los diálogos de paz
La petición de revocar la Resolución Presidencial No. 419 de 2023 representa un punto de tensión en la política de paz del Gobierno Nacional. La fiscal Camargo enfatizó en los micrófonos de Caracol Radio que el estatus de miembro representante no debe ser un escudo para continuar delinquiendo. La reactivación de las órdenes de captura permitiría a las autoridades judiciales avanzar en los procesos por concierto para delinquir agravado y otros delitos de lesa humanidad.
Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud de la fiscal general. La decisión del presidente Petro será determinante para el futuro de las mesas de diálogo con estos grupos armados. Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que la seguridad nacional y la protección de los derechos de las víctimas deben primar sobre las concesiones políticas otorgadas en el marco de las negociaciones.
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