El presidente Gustavo Petro encabezó este martes 7 de abril el Encuentro Nacional de Formalización Minera en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, a las afueras de Cali. El mandatario lanzó duras críticas a la estructura actual de la minería en el país, asegurando que la corrupción y las mafias han tomado el control de recursos estratégicos como el oro.
Según Petro, el sistema de titulación minera ha beneficiado históricamente a multinacionales y amigos de sectores políticos, dejando de lado al pequeño minero.
Uno de los puntos más críticos del discurso fue la denuncia sobre cómo los grupos ilegales dominan el territorio a través de la violencia para quedarse con la extracción del metal. Petro explicó que en muchas zonas de Colombia existe una “economía de la muerte” donde se asesina para obligar a los mineros a entregar el producto a precios impuestos por criminales.
“La mafia se está quedando con la minería en Colombia”, expresó el presidente, señalando que el oro se ha convertido en un negocio incluso más rentable y fácil de legalizar que la cocaína.
El mandatario también cuestionó las cifras oficiales de exportación, afirmando que gran parte del oro sale del país de manera clandestina por rutas como el río Atrato. “La mayor parte de nuestro oro se va a construir edificios y casas en los Estados Unidos”, afirmó Petro, quien además lamentó que el país no cuente con herramientas técnicas suficientes para medir cuánto oro sale realmente por las fronteras.
Corrupción en la fuerza pública
Petro solicitó un mayor compromiso de las fuerzas militares y de policía, denunciando que en algunas regiones existe complicidad con la minería ilegal. El presidente mencionó que maquinaria pesada pasa por retenes sin ser detenida debido al pago de sobornos.
“Pasan bajo los ojos del policía y del soldado. Así de simple”. Para frenar esto, propuso medidas como la rotación permanente de mandos en zonas mineras y una depuración de los listados de oficiales bajo sospecha.
Respecto a las cifras presentadas, señaló que pasar de 600 a 800 títulos no resuelve el problema de fondo de miles de mineros que siguen en la informalidad.
