El Ministerio de Trabajo impuso medidas preventivas de ejecución inmediata a Caracol Televisión S.A. mediante el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026. La decisión surge tras una inspección realizada el pasado 26 de marzo, motivada por las denuncias de presunto acoso sexual contra dos reconocidos periodistas y presentadores del canal. Según la cartera laboral, existen “riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales” de los trabajadores.
Los hallazgos de la inspección evidenciaron una brecha crítica entre los protocolos formales de la empresa y su aplicación real. El Ministerio identificó conductas de acoso que no parecen ser hechos aislados, sino reiterados. Además, el informe destaca una desconfianza generalizada en los canales institucionales y la falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, a pesar de que el empleador ya conocía las quejas.
Fallas en la “debida diligencia” y medidas impuestas
Aunque el canal terminó los contratos de los implicados directos, el Ministerio señaló que estas acciones no cumplieron con los estándares de debida diligencia. Para la entidad, no hubo procesos orientados al esclarecimiento integral de los hechos. “Los protocolos no pueden ser un saludo a la bandera”, afirmó el ministro Antonio Sanguino, quien enfatizó que no se tolerará la impunidad en el entorno laboral.
Entre las órdenes impartidas por el Gobierno se encuentran:
- Protección integral: garantizar la seguridad de víctimas, denunciantes y testigos.
- No revictimización: implementar medidas para evitar represalias y nuevas vulneraciones.
- Enfoque de género: iniciar investigaciones internas que consideren las diversidades y reconstruyan antecedentes disciplinarios.
- Trazabilidad: fortalecer los canales de denuncia y auditar la filtración de información interna.
Investigación penal y contexto del “Me Too” en Colombia
Estas disposiciones administrativas coinciden con la investigación abierta por la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador habilitó un correo específico para recibir testimonios y coordinar procesos con enfoque de género. El caso, que estalló públicamente el 20 de marzo, ha impulsado un debate nacional sobre los patrones de poder y el acoso en los medios de comunicación colombianos.
La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, advirtió que el incumplimiento de estas medidas, que son de carácter obligatorio y preventivo, agravará la responsabilidad legal del empleador. El Ministerio mantendrá un seguimiento riguroso para transformar las condiciones laborales dentro de la compañía y asegurar que el miedo a denunciar deje de ser la regla en los lugares de trabajo.
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