El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) anunció medidas contundentes tras las denuncias sobre una fiesta privada en el Establecimiento de Alta Seguridad de Itagüí. Según el comunicado oficial de la entidad, el ingreso del artista de música vallenata Nelson Velásquez no contó con el aval del Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia ni la Dirección General. Ante la gravedad de los hechos, se dispuso la presencia inmediata del Director Regional para verificar las irregularidades en el procedimiento de ingreso.
La polémica estalló luego de que la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunciara que la parranda se llevó a cabo en el patio 1, con la participación de cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que integran la mesa de “paz urbana”. Las investigaciones preliminares indican que el evento habría ocurrido durante el día de descanso del director titular del complejo, el mayor Édgar Iván Pérez Ortega. Se presume que los internos recaudaron una suma cercana a los 500 millones de pesos para financiar el evento y el pago del artista.
Relevos e intervenciones en el pabellón de alta seguridad
Como respuesta inmediata, la Dirección General del INPEC ordenó el cambio del director encargado del penal y el traslado del comandante de vigilancia. Asimismo, se abrió una investigación disciplinaria formal contra siete funcionarios que se encontraban de servicio durante la realización del show musical. Estas medidas buscan establecer responsabilidades ante la presunta omisión de controles y el posible ingreso de licor al centro penitenciario, actos estrictamente prohibidos por el reglamento interno.
Complementando las acciones administrativas, se ordenó la intervención de los Grupos Especiales (GRI) en el pabellón de alta seguridad del establecimiento. El objetivo de este despliegue es retomar el control operativo y recolectar evidencia sobre las irregularidades denunciadas. El INPEC enfatizó que actuará de manera contundente para esclarecer las causas de esta visita y sancionar cualquier comportamiento que vulnere la seguridad y la disciplina del sistema carcelario en el país.
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