La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente el arresto por cinco días de Nicolás Petro Burgos y de su abogado, Alejandro Carranza. La petición surge tras la reiterada ausencia presencial del hijo del mandatario en las audiencias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según el ente acusador, Petro Burgos asiste únicamente de forma virtual desde Barranquilla, desacatando las instrucciones judiciales de trasladarse a Bogotá.
La fiscal del caso, Lucy Laborde, argumentó que se requiere la presencia física del procesado para evitar fallas técnicas durante el juicio. La defensa de Nicolás Petro ha sostenido que no puede viajar por motivos de seguridad. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas que contradicen esta versión. El ente investigador citó publicaciones en redes sociales donde se ve al exdiputado en diversos viajes por el país durante los últimos meses.
Contradicciones en los argumentos de seguridad
La Fiscalía cuestionó los motivos de seguridad y las supuestas restricciones de transporte de Petro Burgos. El procesado había manifestado dificultades para adquirir tiquetes aéreos debido a su inclusión en la lista Clinton. No obstante, el ente acusador reveló reportes del Club Naval en Cartagena que confirman al menos seis ingresos de Nicolás Petro después de su sanción financiera.
“El procesado argumenta falta de garantías, pero se registran viajes a distintas zonas del país”, señaló la fiscal Laborde durante la audiencia preparatoria. Estas evidencias buscan demostrar que el hijo del jefe de Estado cuenta con los medios y la seguridad necesaria para comparecer ante el juez en la capital. La Fiscalía insiste en que estas inasistencias entorpecen el avance normal del proceso judicial.
Decisión en manos del juez
El juez encargado del caso anunció que revisará los documentos presentados por la Fiscalía para tomar una determinación. La respuesta a la solicitud de arresto no se dará en una audiencia pública, sino que se comunicará de manera escrita a las partes involucradas. Por ahora, el despacho judicial fijó los días 7 y 8 de mayo como las fechas para las próximas sesiones del proceso.
Este nuevo episodio aumenta la tensión en uno de los casos judiciales más mediáticos del país. El arresto, de ser aprobado, afectaría tanto al hijo del presidente como a su representante legal por el incumplimiento de las órdenes del tribunal. La opinión pública permanece atenta a la resolución escrita que definirá si Nicolás Petro debe cumplir la sanción en un centro de detención.
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