La Fiscalía acusa a la artista de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014 y utilizar un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales para eludir sus obligaciones.
La multa que tendrá que pagar es de 7,8 millones de euros. El pacto con las autoridades también le rebaja a tres los ocho años de cárcel que planteaba el ministerio público.
Sin embargo, la cantante ha aceptado pagar 432.000 euros para sustituir la pena de prisión impuesta.
La barranquillera confesó que sus hijos le pidieron que llegara a un pacto, por lo que ella ha apostado por centrarse en lo más “importante de su vida” y evitarles el “desgaste” que supone ver a su madre en un juicio.
El acuerdo pone fin a un proceso penal que inició en 2018, cuando la Fiscalía de España presentó la primera querella contra la cantante, y evita el juicio en el que se tenía estaba previsto que participaran más de un centenar de testigos.
