El Congreso de Perú enfrenta una grave crisis tras destaparse un escándalo de explotación sexual que involucra a Jorge Torres Saravia, jefe de la oficina legal del Parlamento. Según la Fiscalía, Torres, junto con la abogada Andrea Vidal, lideraba una red que introducía prostitutas en el Congreso haciéndolas pasar por secretarias o asesoras. Esta red habría sido utilizada para influir en las decisiones de los legisladores, la cual ofrecía favores sexuales a cambio de votos en temas clave.
La trama quedó al descubierto tras el asesinato de Andrea Vidal, quien fue atacada por sicarios en diciembre en el distrito de La Victoria, en Lima. Su muerte desencadenó una investigación preliminar que llevó a la Fiscalía a registrar las oficinas del Congreso el pasado 2 de enero. Por lo que en el operativo, las autoridades revisaron cámaras de seguridad y recolectaron documentos de diversas áreas, como recursos humanos y la oficina legal y constitucional.
Un reportaje de la cadena Willax reveló que Torres Saravia reclutaba a las mujeres. Mientras que Vidal las integraba al Parlamento bajo la apariencia de contrataciones legítimas. Este esquema, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, tenía como fin asegurar votos favorables en los debates parlamentarios. Descartando el dinero como móvil principal.
El escándalo ha generado una ola de indignación en el país. Un grupo de legisladores ha solicitado la destitución de Giovanni Forno Flórez, oficial mayor del Congreso, por su supuesta negligencia en la contratación de Torres Saravia. Los congresistas denunciaron que Forno ocultó información sobre quién recomendó y entregó el currículo del principal implicado.
Dina Boluarte, bajo investigación por el caso Cofre Presidencial
En paralelo, la presidenta Dina Boluarte también enfrenta problemas legales. La Fiscalía la citó a declarar el próximo 15 de enero por presunto encubrimiento en el caso ‘Cofre Presidencial’, que investiga la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Según las autoridades, un vehículo oficial de la Presidencia habría sido utilizado para trasladar a Cerrón y facilitar su escape hacia Pisco.
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Boluarte ha negado las acusaciones, calificándolas como intentos de desestabilización contra su gobierno. Sin embargo, grabaciones filtradas y testimonios apuntan a una posible complicidad en la operación, aumentando las tensiones políticas en el país.
La combinación de estos casos refleja una profunda crisis institucional en Perú. Pues donde tanto el Congreso como la Presidencia están bajo escrutinio, aumentando la desconfianza de la ciudadanía en sus líderes y organismos de gobierno.
