A inicios de la semana, las autoridades aprobaron la captura del presidente, ya que este ignoró tres citaciones previas de los investigadores. La Oficina de Investigación de la Corrupción de Corea del Sur (CIO, por sus siglas en inglés) afirmó que dichas citaciones buscaban su colaboración en una investigación penal en curso.
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El 14 de diciembre, el parlamento surcoreano decidió destituir a Yoon de su cargo y ceder las funciones presidenciales a Choi Sang-mok, actual viceprimer ministro y ministro de Economía y Finanzas. Desde entonces, Yoon tomó refugio en su residencia en el barrio de Hannam, en Seúl, y evitó pronunciarse públicamente hasta este jueves, cuando aseguró que luchará “hasta el final” por su país.
Para garantizar la seguridad en las cercanías de la residencia presidencial, se desplegaron aproximadamente dos mil setecientos agentes. Por su parte, Seok Dong-hyeon, abogado de Yoon, solicitó una orden judicial para anular la detención, argumentando que únicamente la Fiscalía tiene la potestad de emitir este tipo de órdenes. El abogado calificó las acciones de la CIO como “imprudentes” y una muestra de “desprecio por la ley”.
