Un insólito caso de abuso y secuestro ha sacudido la localidad de Coria del Río, en Sevilla, España, tras la detención de una mujer acusada de privar de libertad a un hombre para obligarlo a mantener relaciones íntimas durante varias semanas. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, logró escapar y alertar a las autoridades, lo que desato una investigación e intervención policial.
Según el relato del afectado, inicialmente accedió a encontrarse con la mujer, quien lo contacto por medio de redes sociales, para mantener relaciones íntimas, argumentando que solo así lo dejaría salir de su casa. Tras este episodio, la mujer continuó acosándolo por varios días, realizando hasta 77 llamadas a su teléfono móvil y apareciéndose sin previo aviso en su domicilio.
Ante las constantes amenazas, incluyendo la de denunciarlo falsamente como agresor sexual, el hombre se vio obligado a aceptar sus exigencias. Sin embargo, aprovechó esta situación para reunir pruebas y presentarlas ante las autoridades, lo que resultó en la solicitud de una orden de alejamiento contra la mujer.
Investigación legal
La Guardia Civil detuvo a la sospechosa y la imputó por delitos de detención ilegal y agresión sexual, por que se conoció que este no fue la única victima, ya que había realizado la misma táctica con varios hombres al contactarlos por redes sociales. Las fuentes policiales califican el caso como un ejemplo atípico de violencia, dado que los hombres suelen perpetrar la mayoría de los delitos sexuales y de secuestro.
El hecho ha generado un debate en torno a los roles de género en los delitos de índole sexual, en donde las organizaciones feministas y de derechos humanos han expresado su rechazo hacia cualquier forma de violencia, independientemente del género del perpetrador o de la víctima.
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La mujer permanece bajo custodia a la espera de juicio, mientras que el hombre recibe atención psicológica para superar el trauma. Por su parte, las autoridades han enfatizado su compromiso con la investigación de los hechos y el procesamiento justo de los responsables, además de que se le impuso una orden de alejamiento donde no se le permite acercarse a menos de 500 metros a la víctima que la denunció.
Este caso abre un debate esencial sobre cómo la sociedad aborda las agresiones sexuales y la equidad en la protección de las víctimas, con el claro mensaje de que la violencia no discrimina y requiere una respuesta contundente y equitativa.
