Donald Trump ha iniciado su segundo mandato con una contundente agenda enfocada en reforzar las políticas migratorias. Entre las primeras acciones se encuentra la autorización de redadas en espacios previamente considerados protegidos, como escuelas, iglesias y hospitales. Esta decisión marca un giro respecto a la directriz de 2021 de la administración de Joe Biden, que limitaba las operaciones migratorias en estos lugares para garantizar el acceso de las personas a servicios esenciales sin temor a ser detenidas.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que esta medida “empodera” a los agentes para actuar con mayor eficacia en la captura de lo que denominan “criminales extranjeros”. Según el DHS, algunos migrantes estarían utilizando estos espacios para evadir la justicia, aunque no se han presentado pruebas concretas que respalden estas acusaciones. La directriz anterior incluía una amplia gama de lugares protegidos, como albergues, funerales, manifestaciones y centros de ayuda humanitaria, buscando evitar que los migrantes se alejaran de servicios vitales por miedo a ser arrestados.
Otras medidas antimigratorias
Además de las redadas, el gobierno de Trump ha eliminado el programa humanitario “parole”, que permitía a migrantes de países como Haití, Cuba y Venezuela ingresar temporalmente a Estados Unidos por razones humanitarias. También se suspendió el uso de la aplicación móvil CBP One, que facilitaba la programación de citas migratorias, restringiendo aún más las opciones para quienes buscan regularizar su situación.
Estas decisiones forman parte de una ofensiva más amplia que incluye declarar un estado de emergencia nacional en la frontera con México, permitir el despliegue militar y clasificar a los carteles como organizaciones terroristas. La administración busca así cumplir la promesa de deportar a millones de migrantes indocumentados, una medida que ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y estados de tendencia demócrata han condenado estas políticas, señalando que exacerban la crisis humanitaria y atentan contra los derechos fundamentales de los migrantes. Una coalición de 18 estados ha anunciado una demanda para bloquear una de las medidas más controvertidas; el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento.
