El Gobierno de Colombia confirmó que la administración de Donald Trump ya tiene firmadas las órdenes de deportación de al menos 27.000 colombianos que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos. La llegada de estos migrantes al país será gradual, a través de vuelos semanales, lo que ha encendido las alarmas sobre la logística y coordinación necesarias para atender esta masiva repatriación.
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Según fuentes del alto Gobierno, el proceso es un hecho y será cuestión de tiempo para que los connacionales comiencen a regresar en grupos organizados. Sin embargo, la magnitud del operativo preocupa a las autoridades migratorias, pues se requiere una verificación minuciosa de antecedentes judiciales para descartar posibles deudas con la justicia colombiana.
El mismo Gobierno de Gustavo Petro ya tuvo que solicitar a Panamá la reprogramación de un vuelo con deportados, argumentando la necesidad de coordinar la atención humanitaria y definir un protocolo de recepción. Este esquema incluirá un trabajo articulado entre la Cancillería, Migración Colombia y otras entidades encargadas de procesos como atención en salud, trámites judiciales y traslados a otras ciudades.
El DPS trabaja en programa que apoyará a los migrantes
Frente a esto, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) trabaja en un programa de apoyo para estos migrantes, el cual contempla beneficios económicos y acceso a programas sociales que faciliten su reinserción en el país.
A la situación con Estados Unidos se suma la decisión del gobierno panameño de repatriar a más colombianos. De acuerdo con medios internacionales, la administración del presidente José Raúl Mulino planea organizar un vuelo de deportación con la presencia del Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante su visita oficial a Panamá.
Este anuncio sobre las deportaciones masivas ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. El gobierno de Petro rechazó recientemente recibir un vuelo con migrantes, argumentando que el trato a los connacionales no era digno. La negativa desató una crisis que llevó a Trump a imponer aranceles del 50% a productos colombianos y a suspender la asignación de citas para visas en la embajada estadounidense.
Aunque en los últimos días la situación parece encaminarse hacia la normalización, el arribo masivo de deportados representa un nuevo desafío para la administración Petro, que deberá responder con estrategias efectivas para evitar una crisis humanitaria y social.
