El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), publicado este martes, revela que las solicitudes de asilo en España siguen siendo mayoritariamente presentadas por ciudadanos de Colombia y Venezuela, que juntos representan más del 63% de las peticiones en 2024. En total, el país recibió 167.366 solicitudes de protección internacional el año pasado, lo que implica un leve aumento respecto al 2023, aunque la cifra sigue siendo considerablemente alta.
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A pesar de la mejora en la tasa de reconocimiento de protección internacional, que ha subido del 12% al 18.5%, España sigue estando por debajo de la media europea, que se sitúa en torno al 40%. En cuanto a las resoluciones, se observó un incremento de las denegaciones, especialmente entre los solicitantes colombianos, quienes continúan enfrentando amenazas constantes en su país, según CEAR.
Cambio en los orígenes de la solicitudes
El informe también señala un cambio significativo en los orígenes de los solicitantes. Mali ha experimentado un aumento del 700% en las solicitudes, superando a Perú en la lista de países con más peticiones. Otros países con un alto número de solicitantes incluyen Senegal, Marruecos y Nicaragua. Además, la organización subraya que la protección subsidiaria ha aumentado casi un 200%, especialmente en los casos de personas provenientes de Mali, lo que contrasta con la caída en las concesiones del estatuto de refugiado, que ha disminuido más de un 13% en comparación con el año anterior.
A pesar de estos avances, CEAR advierte que miles de personas continúan enfrentando barreras para poder acceder a la protección internacional, con una cantidad significativa de solicitudes pendientes de resolución. La organización insiste en que la situación sigue siendo preocupante, principalmente en un contexto marcado por la inestabilidad política, los abusos de derechos humanos y los conflictos armados en varias regiones del mundo.
En resumen, aunque se han registrado mejoras en el sistema de asilo español, la creciente demanda y la complejidad de los casos siguen desafiando la capacidad del país para ofrecer respuestas rápidas y justas a quienes huyen de situaciones extremas.
