En un tono desafiante y polémico, Donald Trump volvió a insistir en la aplicación de la pena de muerte para los traficantes de drogas en Estados Unidos, asegurando que esta medida acabaría con la crisis de opioides y otras sustancias ilegales en el país. Durante una reunión con gobernadores estatales, el expresidente afirmó que en las naciones donde se aplica este castigo extremo no existen problemas relacionados con el narcotráfico.
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“En cualquier país que tiene pena de muerte no hay problemas de drogas, ejecutan a los traficantes de drogas”, declaró Trump, sugiriendo que Estados Unidos debería seguir este modelo. “Pensándolo bien, es muy humano, porque cada traficante de drogas, en promedio, mata al menos a 500 personas, sin contar el daño que le hace a tantos otros”.
Un modelo basado en China
Trump reveló que había discutido este enfoque con el presidente de China, Xi Jinping, y lo puso como ejemplo de efectividad en la lucha contra las drogas. Según el exmandatario, en China la aplicación de la pena de muerte para los narcotraficantes ha sido clave para reducir el problema de drogas en el país.
“Si te fijas, en todos los países que tienen la pena de muerte, no hay ningún problema de drogas”, aseguró. “Sus estados tienen el derecho de aplicar la pena de muerte también a los traficantes de drogas. Pero háganlo sólo si quieren deshacerse de las drogas”, agregó, presionando a los gobernadores para que promulguen esta medida en sus territorios.
Reacciones divididas
Las declaraciones de Trump han generado un intenso debate entre sectores políticos y organizaciones de derechos humanos. Mientras algunos gobernadores republicanos han mostrado apoyo a políticas más estrictas contra el narcotráfico, otros consideran que la pena de muerte no es la solución adecuada.
Defensores de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de aplicar la pena capital en estos casos, argumentando que podría derivar en injusticias y no necesariamente reducir el consumo de drogas. “Históricamente, las políticas de mano dura no han logrado erradicar el problema de drogas, y la pena de muerte podría ser una violación grave de los derechos humanos”, señaló un portavoz de Amnistía Internacional.
