Estados Unidos planea implementar un nuevo filtro en sus procesos migratorios: la revisión de las cuentas de redes sociales de quienes soliciten la residencia permanente, la ciudadanía o el asilo. Esta iniciativa, impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), busca reforzar los mecanismos de verificación de identidad y prevenir riesgos de seguridad, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada en enero por el entonces presidente Donald Trump. La medida, aún en fase de evaluación pública, ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles, quienes advierten posibles violaciones a la privacidad y la libertad de expresión.
La propuesta, abierta a comentarios públicos desde el 5 de marzo por un período de 60 días, afectaría a unos 3.5 millones de solicitantes anualmente, según estimaciones oficiales. La iniciativa incluye la recopilación de información de perfiles en redes sociales como parte del análisis de antecedentes y coherencia en la información proporcionada en las solicitudes migratorias. De implementarse, el proceso agregaría más de 285.000 horas al trabajo administrativo del USCIS, aunque la agencia asegura que no representará costos adicionales para los inmigrantes.
En concreto, el gobierno estadounidense planea examinar las publicaciones, interacciones y conexiones en plataformas digitales para detectar posibles contradicciones o vínculos con actividades sospechosas. Por ejemplo, si un solicitante de asilo alega persecución en su país de origen, pero en redes sociales expresa apoyo al gobierno de ese país, el caso podría considerarse inconsistente y ser objeto de mayor escrutinio. Asimismo, las relaciones familiares o laborales mencionadas en los formularios deberán coincidir con la información pública que los solicitantes compartan en sus cuentas digitales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos manifiestan que la medida pone en riesgo la libertad de expresión
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Electronic Frontier Foundation, han manifestado su preocupación, argumentando que la medida podría coartar la libertad de expresión. “El miedo a ser evaluado por sus opiniones en redes sociales podría llevar a muchos inmigrantes a autocensurarse”, advirtió Saira Hussain, abogada de la organización. Por su parte, expertos del Migration Policy Institute señalan que la falta de claridad en los criterios de evaluación podría derivar en decisiones arbitrarias por parte de los oficiales de inmigración.
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Desde USCIS aseguran que la información obtenida será utilizada exclusivamente con fines de verificación de identidad y seguridad, y recalcan que la medida busca fortalecer la lucha contra el fraude y los riesgos a la seguridad pública. La agencia defiende la propuesta argumentando que es un paso necesario para garantizar un sistema migratorio seguro y confiable.
El gobierno estadounidense revisará los comentarios públicos presentados durante el proceso de consulta antes de decidir si la normativa entra en vigor o si requiere ajustes adicionales. La comunidad migrante y las organizaciones civiles siguen de cerca el desarrollo de esta iniciativa, a la espera de conocer su implementación definitiva y el impacto que tendrá en millones de personas que buscan establecerse legalmente en el país.
