La administración de Donald Trump ha tomado la decisión de eliminar los servicios de traducción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida representa un duro golpe para aquellos que necesitan verificar su estatus laboral o acceder a beneficios esenciales, ya que ahora deberán enfrentar estos procesos sin asistencia en su idioma natal.
Organizaciones de derechos humanos y grupos proinmigrantes han expresado su rechazo a esta política, calificándola como un acto que profundiza la exclusión social y vulnera garantías básicas. Además, alertan sobre el riesgo de que esta medida afecte la estabilidad laboral de muchos trabajadores con documentos legítimos, que podrían verse perjudicados.
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Impacto del servicio de traducción en el acceso a servicios laborales
La decisión gubernamental afecta especialmente a los trabajadores que necesitan utilizar plataformas como E-Verify y SAV, herramientas fundamentales para verificar la elegibilidad laboral. Sin servicios de traducción, los empleados de USCIS que no dominen el idioma del solicitante están obligados a colgar la llamada sin ofrecer asistencia bilingüe o transferencia a otro agente.
Esta situación pone en riesgo la estabilidad laboral de muchas personas, ya que trabajadores con documentos legítimos podrían enfrentar despidos injustos debido a malentendidos lingüísticos. Según Adriel Orozco, del American Immigration Council, esta medida “solo dificultará que las familias corrijan errores en su estatus migratorio, lo que puede llevar a despidos injustos”.
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Barreras para corregir errores migratorios tras eliminar la traducción
La ausencia de traducción también representa un obstáculo para quienes necesitan resolver errores administrativos en su estatus migratorio. Anteriormente, los inmigrantes podían comunicarse con el DHS para aclarar dudas o solucionar problemas, pero ahora enfrentan dificultades adicionales para realizar estos trámites cruciales.
La falta de asistencia en otros idiomas genera un alto riesgo de denegación arbitraria de beneficios y pérdida de derechos adquiridos. Organizaciones proinmigrantes advierten que la política actual socava el debido proceso y amenaza la estabilidad de comunidades que dependen de estos servicios.
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Motivos detrás de la medida
La administración Trump justificó la cancelación de los servicios de traducción como parte de un plan integral de recorte de contratos, mientras se prepara la designación de Joseph Edlow al frente de USCIS. Además, esta política se enmarca dentro de un enfoque que busca fortalecer el control migratorio, con iniciativas como la declaración del inglés como idioma oficial y la ampliación de deportaciones.
Desde marzo de 2025, el inglés se estableció como el idioma oficial de Estados Unidos, revocando una directiva de 2000 que garantizaba asistencia multilingüe en servicios públicos. Asimismo, se ha incrementado la deportación de personas con órdenes judiciales pendientes, afectando incluso a beneficiarios de protecciones temporales como TPS y DACA.
Incertidumbre y preocupación frente a la nueva medida de eliminación de traductores
Hasta el momento, el DHS no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la situación. La incertidumbre sigue creciendo entre las comunidades migrantes que dependen de los servicios ahora suspendidos. Los activistas temen que esta medida forme parte de una estrategia más amplia que prioriza la exclusión por encima de la integración.
Diversas organizaciones han comenzado a ofrecer apoyo legal y asesoría a los inmigrantes afectados, buscando formas alternativas de garantizar el acceso a derechos fundamentales. Mientras tanto, el debate continúa, y muchos temen que esta decisión se convierta en un precedente para futuras restricciones migratorias.