La búsqueda del “sueño americano” se convirtió en una pesadilla para Óscar y su madre, Gertrudis Pineda. Según una investigación de la BBC NEWS, él viajó a Estados Unidos con la esperanza de mejorar su calidad de vida y ayudar a su familia en Venezuela. Instalaba alfombras en Dallas, Texas, y enviaba dinero regularmente para cubrir los gastos médicos de su padre. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses lo detuvieron y lo deportaron a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, cambiando su vida por completo.
Gertrudis, desde Venezuela, no ha recibido información clara sobre el estado de su hijo. La desesperación la consume al ver cómo cientos de venezolanos, incluidos muchos sin tener presuntamente antecedentes criminales, fueron trasladados a una cárcel diseñada para pandilleros. La imagen de su hijo encadenado y con la cabeza rapada resuena en ella. “Hay tantos muchachos inocentes ahí, Ellos no han hecho nada malo, pero los tratan como animales”, expresó.
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Deportados sin el sueño americano ni un debido proceso
El gobierno de EE.UU. acusa a los venezolanos deportados en Cecot de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela. Esta decisión ha generado controversia, ya que familiares y defensores de los derechos humanos argumentan que muchos de los detenidos no tienen antecedentes penales y fueron deportados sin el debido proceso.
El traslado de 238 venezolanos a la prisión salvadoreña se produjo bajo la aplicación de la ley del enemigo extranjero, una normativa de 1798 utilizada por el gobierno estadounidense para justificar la deportación sin juicio de individuos considerados una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, expertos legales han señalado que esta medida ha sido aplicada sin una investigación exhaustiva y sin respetar el debido proceso.
El caso generó un enfrentamiento entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y un juez federal, quien ordenó el regreso de los vuelos que transportaban a los venezolanos a El Salvador. Sin embargo, la administración de Donald Trump mantuvo su postura y permitió la deportación masiva. En este contexto, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la falta de transparencia en los procedimientos y la ausencia de pruebas que justifiquen la reclusión de estos migrantes.
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El Cecot: una prisión bajo críticas
Desde su inauguración, organismos de derechos humanos han criticado severamente el Cecot, describiéndolo como un “agujero negro” que priva a los reclusos de garantías fundamentales. Aunque diseñaron la prisión para retener a los miembros más peligrosos de las pandillas salvadoreñas, ahora también encierra a migrantes deportados de Estados Unidos.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele defiende su estrategia de seguridad y el Cecot como un modelo de control del crimen. No obstante, abogados como Jaime Ortega, contratado por la vicepresidenta de Venezuela, luchan por la liberación de los detenidos. Argumentan que si estas personas no han cometido delitos en territorio salvadoreño, no deberían estar encarceladas allí.
“Esto solo lo vimos en tiempos de esclavitud, cuando se movían personas de un lugar a otro por dinero. No hay precedentes legales”, afirma Ortega, quien exige su traslado a un centro de inmigración y posterior retorno a Venezuela.
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La incertidumbre de las familias
Foto: Cortesía de Gertrudis Pineda para BBC NEWS
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, los familiares de los deportados venezolanos al Cecot han iniciado una campaña para exigir su liberación o su traslado a un centro de migrantes en lugar de una prisión de máxima seguridad. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha manifestado su intención de negociar la liberación de los deportados, argumentando que el gobierno de El Salvador no tiene jurisdicción sobre ciudadanos venezolanos que no han cometido delitos en su territorio.
A medida que crecen las críticas sobre la situación de los deportados venezolanos en el Cecot, la presión internacional aumenta. Mientras tanto, Gertrudis sigue esperando noticias de su hijo, con la esperanza de que pronto pueda regresar a casa. “Mi hijo es venezolano, no salvadoreño. Entonces, lo que ese presidente ha hecho es secuestrar a nuestros hijos. Si han cometido algún delito, que respondan por ello aquí en Venezuela. Que los manden a casa”, suplica.
